Asturias blinda la vivienda protegida, que lo será de forma permanente con la nueva ley

Para todo ello llega la nueva Ley de Vivienda del Principado, que ha presentado hoy el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, junto con el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, y el jefe del Servicio del Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo, responsable de la redacción de una norma que, han defendido, «no es una corta y pega» de ninguna otra existente en el país.

La Ley tendrá tres patas fundamentales. Por un lado, la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, «conjunto integrado de actuaciones públicas dirigidas a garantizar el acceso estructural, estable y permanente a una vivienda digna, adecuada y asequible, especialmente para los colectivos con mayores dificultades económicas y sociales».

En segundo lugar, blindar la vivienda protegida. Para ello, la de promoción pública no perderá nunca su carácter de protección, que será vitalicio. Y en cuanto a la que promueva directamente el Principado nunca será vendida y se destinará de por vida al alquiler.

La tercera pata será la vigilancia. Lanza la consejería un 'aviso a navegantes': se creará un cuerpo de inspectores, con carácter de agentes de la autoridad, que velarán por el cumplimiento de la normativa. Las sanciones, recogidas en el título 8 de la nueva ley, serán de hasta 60.000 euros por infracciones graves.

La ley hace distinción entre la vivienda protegida pública y la de promoción privada. La primera está compuesta ahora por un parque de unas 9.700, aunque llegó a alcanzar las 33.000. Esas 9.700, más las 600 que están en construcción y todas las que puedan llegar en el futuro, quedarán para siempre calificadas de protegidas y no podrán ser nunca vendidas. Al contrario de lo que ha podía ser hasta ahora, serán siempre de arrendamiento. El objetivo de Zapico es acabar la legislatura con un parque de más de 10.000 viviendas de este tipo.

En cuanto a las viviendas protegidas de promoción privada, que pueden ser destinadas a la venta o el arrendamiento, habrá dos casos distintos. Las que ya están construidas mantendrán las condiciones que tienen ahora. Esto es, cuando acabe su periodo de protección (que puede ser hasta de 30 años), podrán ser vendidas en el libre mercado, sin limitaciones, tal y como marcaba la ley hasta ahora. Pero las que se construyan una vez que la nueva norma entre en vigor cambiarán sus características: serán protegidas de manera vitalicia. Esto es, podrán ser vendidas cuando el propietario lo desee, pero cumpliendo los requisitos que marca la ley, principalmente que sea destinada a primera vivienda y que haya un límite de ingresos familiares. Además, el precio de venta o renta tienes unos máximos establecidos. Se tratará también de igualar las calificaciones de este tipo de viviendas, ya que hasta ahora existen diversas tipologías.

«Queremos evitar la especulación», ha dicho Zapico, quien ha reconocido que ahora existe. Y ha recordado que la vigilancia ya estaba en marcha: hace unos meses, un propietario de un piso protegido de Gijón fue sancionado con 58.000 euros por destinar la vivienda a uso turístico (el TSJA ha ratificado la sanción, ha informado Sánchez). El fin es evitar situaciones como las que están sucediendo en algunos municipios del Oriente asturiano: que haya vecinos con dificultad para acceder a una vivienda mientras los propietarios de pisos protegidos están esperando que finalice el periodo de protección para venderlos como segundas residencias.

«La idea es convertir el derecho a la vivienda en una realidad», insisten los responsables de la consejería, conscientes de que el derecho no solo hay que reconocerlo, sino «garantizarlo».

El borrador de la ley será publicado en el BOPA «de forma inmediata» y se abrirá un periodo de 20 días para alegación. El objetivo de Zapico es que durante «las primeras semanas de otoño» el texto sea ya un anteproyecto que pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido a la Junta General del Principado para que «los diputados tengan los últimos meses de este año y los primeros de 2026» para trabajar el texto. «No será una tramitación rápida, pero tampoco debería ser demasiado lenta. Seis, siete u ocho meses desde su llegada a la Junta deberían ser suficiente».

En este sentido, el consejero ha hecho un llamamiento al «diálogo» para sacar adelante una «ley necesaria». Un diálogo que, dice, ya ha mantenido con los grupos de la izquierda y con «la derecha democrática». Es consciente Zapico de que en la Junta hay «dos modelos en la visión de la vivienda», pero insiste en que el objetivo es «poner el derecho a la vivienda en el centro de las políticas públicas» y confía en que eso «no esté supeditado a otro tipo de intereses económicos». Su deseo es que la ley salga adelante «con el mayor respaldo posible».

► Derecho a la vivienda: hacerlo efectivo el acceso a una vividna digna y asequible.

► Sostenibilidad, accesibilidad y función social de la propiedad.

► Autonomía local: respeto a la distribución competencial.

► Qué: conjunto intgrado de actuaciones públicas para gantizar acceso a la vivienda.

► Engloba: promoción, clasificación, calificación de la vivienda protegida y adjudicación, régimen económico, conservación...

► Antes de la ley: estaban destinadas al arrendamiento aunque había casos de venta. Tenían un tiempo de protección.

► Con la ley: serán solo de arrendamiento y mantendrán siempre la protección.

► Qué supone: no podrán ser nunca puestas en venta. Se aplicará a las ya construidas, unas 9.700, aunque hubiera experiodo el periodo anterior de protección.

► Antes de la ley: destinadas a arrendamiento o venta y con duración de la protección, jabitualmente 30 años. En ese tiempo, limitaciones para la venta. Después, venta libre.

► Después de la ley: las que ya estén construidas mantienen las características que tenían. Las que se construyan a partir de ahora serán protegidas de forma vitalicia.

► Qué supone: durante toda la vida tendrán las mismas limitaciones para la venta (solo para vivienda principal, máximo de ingresos, precio de venta limitado).

► Nuevo cuerpo: de inspectores, que tendrán la categoría de agentes de autoridad, para vigiar el posible fraude.

► Efectividad: el título VIII de la ley recoge el régimen sancionador, articulando un marco jurídico completo.

► Leve, grave, muy grave: en función de la infracción, la sanción puede llegar hasta los 60.000 euros.

► Planes estatales: poder acceder a financiación estatal y evitar duplicidades.