Barbón entierra el informe de la oficialidad porque «no se ajusta al modelo de la FSA»

Barbón respondía así a las preguntas de los periodistas tras participar en el acto de presentación en la Junta General del libro sobre el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Asturias, publicación coordinada por uno de los 'padres' del texto aprobado en diciembre de 1981: Francisco Sosa Wagner. Barbón fue cuestionado sobre si conocía la existencia del informe encargado por Cultura. No solo lo negó, sino que reconoció que ni siquiera «lo he leído» y recordó que ese documento «solo recoge la opinión de sus autores, no es vinculante». El presidente regional recordó que es habitual que las consejerías y directores generales encarguen informes sobre determinados asuntos y que muchos de ellos acaban en cajones porque se descartan y no son elevados a Consejo de Gobierno.

Y este, a tenor de lo que ayer dijo el presidente del Principado, fue el caso que ocurrió con el estudio sobre la oficialidad. Recordó que cuando se puso en marcha en septiembre pasado la fallida reforma del Estatuto para dar cabida a la oficialidad se decidió dejar al margen al Gobierno del proceso -en el que participaron PSOE, Podemos, IU y Foro- y que fueran los partidos los que lo dirigieran. «Por eso no se elevó a Consejo de Gobierno», puntualizó Barbón.

Y aquí se paró para responder al PP, que acusó a la consejera e Cultura de «mentir» a una pregunta por escrito de este grupo sobre la existencia de informes, comunicaciones consultas y otros documentos relativos al «carácter obligatorio o voluntario y el alcance que implica la declaración de cooficialidad del asturiano». Los populares habían registrado esta pregunta después de que Barbón, en el pleno celebrado el pasado 10 de noviembre, afirmara que «ni el asturiano será vehicular en la enseñanza, ni será un requisito para acceder a la función pública». En su respuesta por escrito, la consejera respondió al PP que las afirmaciones realizadas entonces por el presidente se debían a «conversaciones informales» que el jefe del Ejecutivo mantuvo con expertos y que no da lugar a procedimientos reglados, con soporte documental». «La consejera no mintió -recalcó ayer Adrián Barbón-, contestaba a una pregunta que decía: 'en relación a las manifestaciones hechas por el presidente'». Bien es cierto que en la pregunta formulada por los ppulares también pedían copia de todos los informes existentes.

Así todo, el presidente del Principado, considera que aún habiendo llegado a un acuerdo que permitiera sumar la mayoría suficiente (27 votos en el Parlamento) para acometer la reforma estatutaria, el citado informe «no sería útil» porque «no se ajusta al modelo de oficialidad amable de la FSA». O lo que es lo mismo, el jefe del Ejecutivo regional entierra ya, de forma definitiva, el polémico documento.

Y aquí volvió a pararse Adrián Barbón para insistir en que la propuesta que defiende su partido se asienta sobre tres patas: «Que fuese aprobado por la mayoría de tres quintos del Parlamento autonómico; que el asturiano no fuera lengua vehicular en las aulas y que no fuera un requisito para acceder a una plaza de empleo público». El informe coordinado por Miguel Presno propone un periodo de cinco años una vez entre en vigor la oficialidad para que los empleados públicos pudieran acreditar el conocimiento de la llingua.

Tras asegurar que «no hay más informes sobre este asunto encargados, que yo sepa», afirmó que el propio Gobierno regional «no tiene previsto preparar» informes propios «porque no hay 27 votos para reformar el Estatuto». «No vamos a abordar ningún modelo cuando no hay reforma del Estatuto sobre la mesa», aseveró, pidiendo disculpas a quienes se sientan «frustrados» por el bloqueo del proceso.