El Principado reclama «corregir con carácter inmediato» la ley del 'solo sí es sí'
El presidente asturiano incrementa la presión sobre Moncloa. Varela dice que la norma tiene «déficits importantes» de los que avisó al Congreso
Los socialistas asturianos salieron este miércoles en tromba a meter presión y reclamar una urgente reforma de la Ley Orgánica de garantía integral de la ... libertad sexual. Horas después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, defendiera la norma y pidiera «esperar para extraer conclusiones», el presidente del Principado, Adrián Barbón, reaccionaba desmarcándose de esa posición. El jefe del Ejecutivo regional argumentaba en una red social que «los debates jurídicos deben hacerse siempre con rigor técnico. Y cuando se detecta un efecto no deseado derivado de la aplicación de la norma, hay que corregirlo con carácter inmediato. Así es con la ley del 'Sí es sí'».
La propia delegada del Gobierno, Delia Losa, se manifestó en palabras más próximas al presidente asturiano que al nacional. Dijo Losa que el Congreso debía «corregir inmediatamente» el «efecto perverso» que evidencia la aplicación de la norma. «Si está generando este problema de interpretación en la justicia, habrá que analizar las sentencias dictadas para ver dónde se produce la quiebra del objetivo de la ley y atajarla», señaló.
En el mismo sentido Nuria Varela, directora general de Igualdad del Principado, se mostró especialmente dura con una norma que, dijo, «tiene déficits importantes. Deficiencias que se advirtieron en su momento y que deberían haberse subsanado antes de su aprobación. Ahora es necesario y urgente modificarla». A su juicio, el camino que apremia a iniciar es claro: «Es necesario estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque aunque está claro que el objetivo de la ley no era rebajar las penas, todo lo contrario, el objetivo era loable, la redacción final no ha sido la adecuada».
Varela, una de las voces más escuchadas en el feminismo de la órbita socialista, entró de pleno en el debate que plantea Podemos. Asume la directora general que en efecto hace falta «formación especializada no solo a jueces y juezas sino a todos los operadores jurídicos», y que en Asturias su departamento ha promovido cursos en ese sentido con los Colegios de Abogados. Sin embargo, a juicio de Varela el problema en esta ocasión no reside ahí: «En este caso, no se trata de qué formación tengan los jueces o de que haya jueces y juezas machistas o con resistencias a las leyes de igualdad, se trata de una ley con serias deficiencias».
Inseguridad y coherencia
La propia directora general recordó cómo ella misma había apuntado algunas. El 24 de marzo pasado intervino en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, invitada junto a otras ocho expertas para dar su parecer de lo que entonces era un proyecto de ley. Según recoge el Diario de Sesiones, Varela no especificó el riesgo de que el texto derivara en rebajas de condenas, si bien deslizó «la inseguridad que plantea tanto en lo que se refiere al ámbito conceptual como al competencial».
En aquella comparecencia, Varela abundó en contradicciones que observaba en los términos empleados en el texto, problemas de coherencia con otras normas, echó en falta un mayor papel de las comunidades autónomas y de la prevención, y puso en duda la oportunidad de la iniciativa. «Creo que 18 años después de la aprobación de la ley integral podemos utilizar todo el conocimiento adquirido y toda la experiencia para proponer una ley más realista, más coherente con la sociedad en la que se va a desarrollar y, a mi juicio, más exigente».
Este miércoles, y tras la polvareda levantada por las primeras revisiones a la baja de las condenas, la directora de Igualdad recordó las últimas consideraciones que hizo en el Congreso. Su comparencia la terminó solicitando que el proyecto de ley «tuviese algo más de reflexión y se profundizara más en él para llegar a ser lo que creo que pretende, una ley orgánica para la erradicación de la violencia sexual, que es muy importante y que realmente nos hace mucha falta». «Necesitaría más coherencia con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, seguridad conceptual, seguridad competencial y un desarrollo coherente de las figuras que pretende poner en marcha», dejo dicho entonces.
En Podemos Asturias la secretaria de organización, Alba González, afeó a Barbón «el dedito rápido para tuitear cuestionando implícitamente la labor de Igualdad. Porque si el problema es el sesgo en la aplicación, entonces no está en la norma». La coordinadora, Sofía Castañón, también cargó contra «las interpretaciones machistas de los jueces».
Un juez asturiano en Madrid, de los que han rebajado ya las penas
El avilesino Ignacio González Vega, anterior portavoz del colectivo progresista Jueces para la Democracia, está entre los que han firmado rebajas de condenas en aplicación de la nueva ley. Como componente de la sección 17 de la Audiencia de Madrid tenía condenado a seis años a un agresor sexual, pena mínima que permitía el texto anterior, y que ahora ha sido actualizado a cuatro años. El magistrado ha manifestado que «la ley, en general, supone un aumento importante de las penas a los agresores sexuales, pero tiene resquicios». Eso sí, insta a aplicarlos caso por caso. También ha prevenido que reformar la norma no evitaría «el problema», pues los condenados tienen derecho a que se les aplique la más favorable.
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