La Fiscalía acusa a la Junta General de violar el derecho al honor de una ciudadana
En 2018 PP, Podemos y Cs culparon a una trabajadora de delitos que la justicia descartó. El Constitucional sopesa reprender a la Cámara
Dice el Estatuto de Autonomía que la Junta General «representa al pueblo asturiano». Añade el Fiscal que en 2018 los diputados elegidos para esa función se excedieron en sus competencias, se arrogaron capacidades que solo tienen los jueces y atentaron contra el derecho al honor de una ciudadana, lo que lesionó su dignidad. La afectada, A. C., asistida por la abogada Ana García Boto, pidió amparo al Tribunal Constitucional y el Fiscal reclama estimarlo parcialmente. El lunes la Sala Primera iba a deliberar sobre el borrador de sentencia, decisión que quedó pospuesta por enfermedad.
La historia que compromete la reputación de la Junta General se remonta a 2014, cuando estalló el 'caso Gitpa', escándalo nacido del informe de dos empleados públicos, alentado por Podemos y el PP, y al que la Justicia está terminando de dar un giro de 180 grados. Por partes.
Todo comenzó en la Consejería de Economía. A una jefa de servicio y un técnico se les encargó revisar la empresa pública Gitpa; concluyeron que habían cometido irregularidades. Que el Principado le dio 10,5 millones por la extensión de la fibra óptica al occidente y pese a ello «no es titular de la obra abonada».
La consejería tenía otros empleados asegurando que lo hecho era legal y había otra explicación que el informe desoía. Pese a ello, optó por pasar el texto a la Fiscalía y el ministerio público llevó el tema al juzgado. En paralelo la Junta General creó una comisión de investigación sobre el asunto que celebró 70 comparecencias.
A. C. era empleada de Gitpa, nunca fue citada a declarar en sede judicial pero en la parlamentaria se la convocó dos veces. La primera leyó una exposición previa y atendió las preguntas que se le hicieron. En la segunda se remitió a lo ya dicho antes.
El dictamen de la comisión de investigación salió adelante por la mínima, con votos del PP, Podemos y Cs, y el rechazo del PSOE, IU y Foro. Es un texto que atribuye a A. C. un puesto que dijo no tener y la acusa de no haber impedido irregularidades y tener participación decisiva en las mismas. Llega a ver «inconcebible» que no se la hubiera expedientado, sancionado ni despedido. La afectada solicitó a la Junta General que retirara dichas expresiones, sin éxito, por lo que recurrió en amparo al Constitucional. Veía vulnerados cuatro derechos.
En su análisis del caso, la Fiscalía recuerda que la Junta solo está capacitada para exigir responsabilidades políticas al Consejo de Gobierno y atribuyó ilícitos que solo un juez podía calificar: «Ni respetó los límites estatutariamente establecidos para el control de la acción de gobierno, con indiscutible perjuicio para la interesada, ni respetó el derecho de ésta a recibir la consideración y trato de no autor o no partícipe en conductas ilícitas y, en consecuencia, lesionó su derecho fundamental al honor».
¿Y qué dijeron los jueces del 'caso Gitpa'? El pasado año la instructora lo archivó; tras seis años de investigación no encontró ni una prueba de delito y sí vio acreditado que la obra se hizo con las condiciones que ya conocía la consejería y pagó lo acordado. Es justo lo contrario a lo que había manifestado y publicado en su boletín oficial la Junta General.
