'Caso Renedo'

Alfonso Sánchez pide el indulto y suspender su ingreso en prisión

Alfonso Sánchez y su abogado Javier Díaz Dapena./PABLO LORENZANA
Alfonso Sánchez y su abogado Javier Díaz Dapena. / PABLO LORENZANA

El dueño de APSA se ofrece a saldar los dos años y ocho meses con trabajos sociales

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Alfonso Carlos Sánchez, el dueño de la quebrada Almacenes Pumarín (APSA), se cuenta entre los condenados del 'caso Renedo' más favorecido por la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. En primera instancia los magistrados asturianos le impusieron seis años y seis meses de cárcel, pero el Alto Tribunal ha terminado absolviéndole de los delitos de falsedad y malversación, considerándole culpable solo de un delito continuado de cohecho. La decisión supuso que la condena le quedara reducida a dos años y ocho meses de privación de libertad.

Su abogado defensor, Javier Díaz Dapena, ha registrado una petición de indulto para el empresario, añadiendo además que recurrirá la condena en el Tribunal Constitucional. Dadas las posibilidades de que alguna de esas vías prospere, el letrado ha solicitado a la Audiencia Provincial que suspenda la ejecución de la condena en tanto el Consejo de Ministros o el Tribunal Constitucional resuelven sus súplicas. Es decir, que el próximo lunes no se le obligue como al resto de los condenados principales de esta trama a ingresar en prisión.

El escrito registrado, y al que tuvo acceso EL COMERCIO, sostiene que cumplir esa condena «ha dejado de cobrar sentido -entre otros motivos- en atención al tiempo transcurrido». Los hechos que se le imputan ocurrieron hace una década lo que «hace que la óptica resocializadora que ha de erigirse en fin (asimismo primordial) de la pena, se nos antoje ciertamente lejana». Díaz Dapena recuerda que su cliente ha tenido que padecer una década de proceso, en el cual se le imputaban delitos de corrupción que conllevan el menoscabo social y de los que finalmente ha resultado absuelto. «Nuestra aspiración de gracia descansa -entre otras motivaciones- en el calvario injusto que hubo de padecer por mor de tanto prejuicio». El empresario vio su empresa quebrada, sufrió rechazo social y fue «víctima de insultos, amenazas y calumnias que ha venido soportando estoicamente a la espera de que se hiciese justicia».

En ese proceso ha sufrido problemas de salud que aún arrastra, tiene sus bienes trabados y vive de los ingresos de su mujer, apunta el letrado. Su cliente, reitera, no era consciente de estar cometiendo ilegalidades que son contrarias a su propia moral. Dado que carece de antecedentes y la pena que se le ha impuesto solo pasa en ocho meses de los dos años que darían pie a una suspensión de la condena, el letrado solicita a la ministra de Justicia un indulto total o parcial. Subsidiariamente propone cumplir los dos años y ocho meses con trabajos en beneficio de la comunidad. Preguntado al respecto, el letrado declinó comentar la gestión y se limitó a apuntar que está en su deber agotar todas las opciones.