Clamor contra Aucalsa por pedir una «compensación» por arreglar el Huerna

El debate sobre el rescate de autopistas de pago cogía fuerza cuando en la Huerna (AP-66) ha tropezado con una urgencia legal que avanza en sentido contrario. El Real Decreto 635/2006 impone una serie de parámetros de seguridad en los túneles, fijando su iluminación, ventilación, cuáles deben tener salidas de escape y videovigilancia. La norma concedía hasta 2019 para adaptar los pasos inferiores de la red estatal a estos requisitos. Apremiados por los plazos, el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente tramitan los permisos y proyectos para adaptar los túneles de la autopista de pago a la normativa. Hacen falta reformarlos todos y la inversión se estima en 79,4 millones. La concesionaria, Aucalsa, viene advirtiendo en los últimos años que ese desembolso, el mayor desde que se ejecutó la infraestructura, no estaba previsto en su contrato, por lo que de asumirlo requiere «mecanismos compensatorios».

La pretensión apunta a ayudas públicas, subida de tarifas o alargar una concesión que ahora no expira hasta 2050, posibilidades estas últimas que provocaron ayer estupor entre la mayoría de los transportistas y políticos de la región. En el PSOE, Podemos, IU y la cooperativa Cesintra proponen utilizar el pulso como argumento para cancelar el contrato de concesión o tratar de ponerle fin en 2021. La patronal Asetra se inclina, como mal menor, porque sea el Ministerio de Fomento quien asuma las reformas para no repercutirlas directamente a los conductores. Foro por su parte se remite a la literalidad de los contratos y la ley.

«Quizás esta especie de 'rebeldía' sea una oportunidad para recordar la reivindicación que el grupo parlamentario socialista plasmó en una proposición no de ley aprobada por todos los grupos de la cámara y por la que se reclama que el peaje finalice en 2021 en lugar de en 2050», terció Marcelino Marcos, portavoz del grupo socialista. «Este es el modo de evitar el agravio que supone para Asturias» mantener el peaje, indicó.

«Es inconcebible que Aucalsa quiera encima ahora que el Estado les pague las obras a las que están comprometidos mientras siguen engordando sus beneficios», lamentó Daniel Ripa, secretario general de Podemos. «La concesión debe terminar en 2021, ni un año más. La ampliación del peaje a 2050 es una aberración», valoró. El diputado recordó que la propia concesionaria señala en sus informes que entre 2012 y 2050 calcula recaudar 3.200 millones. «Es una auténtica estafa», resumió.

«El Gobierno socialista tiene la ocasión de oro para demostrar que en nuestro país los tiempos de privatizar beneficios y socializar las pérdidas se han terminado», animó Ovidio Zapico, por parte de IU. El diputado recuerda que «la seguridad está siempre por encima de los beneficios» y que si la concesionaria se desentiende de la reforma otorga «un argumento más para poner punto y final a una vergonzosa situación».

«Los que sí necesitan una compensación son los usuarios y transportistas», abundó Alejandro Monjardín, presidente de la cooperativa Casintra. «Si en el contrato de concesión no figura que la empresa debe hacer esta inversión, o se paga de forma indirecta con tarifa o lo asume el ministerio con presupuesto, que sería la opción menos lesiva para nosotros», argumenta Ovidio de la Roza, desde la patronal Asetra.