Las claves de la ley de daños de fauna salvaje que une al PP y los sindicatos agrarios asturianos

Si hay algo que una a todas las asociaciones y sindicatos agrarios en Asturias, eso es la irritación de los ganaderos, y también de los agricultores, por el complicado procedimiento y las largas esperas que estos tienen que sufrir para cobrar las compensaciones de la Administración regional por los daños que les originan en sus explotaciones los animales salvajes, en particular lobos, osos y jabalíes.

El Partido Popular reunió ayer a las seis principales asociaciones del sector: Asaja, Coag, Usaga, URA y Asturias Ganadera (UCA no pudo asistir, pero comprometió su apoyo al resultado de la reunión, dado que la proposición de ley se venía fraguando entre todos en los últimos meses). De esta reunión en la sede regional del PP salió una proposición de ley que se presentará la próxima semana por el registro de la Junta General del Principado para su posterior análisis y debate por parte de los grupos parlamentarios, a los que tanto el PP como las asociaciones agrarias reclamaron ayer «altura de miras» para apoyarla.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, definió en dos cifras la problemática que sufren los ganaderos: «hay más de 300 expedientes actualmente en Asturias que llevan más de dos años de tramitación, y otros 400 que pasan de un año», una situación inasumible por los afectados.

Las novedades de la proposición de ley, respecto a lo que recoge actualmente la Ley de Caza en lo tocante a las compensaciones, van todas en la dirección de agilizar el pago de las compensaciones y de facilitar al afectado su tramitación. Así, se buscará «que las indemnizaciones sean justas y rápidas, y que incluyan también el lucro cesante, así como que la Administración tenga que abonar intereses de demora cuando supere los plazos que establecerá esta nueva norma».

Así, una vez que un agricultor o ganadero reporte a la Administración que ha sufrido daños, la verificación de dichos ataques a sus cultivos (de jabalíes y osos, principalmente) o a sus animales (por parte de lobos y osos, pero también de otros depredadores de menor porte) deberá producirse en el plazo máximo de dos días. En caso contrario, se entenderá que hay silencio administrativo positivo y comenzará la tramitación de los expedientes de daños.

Por otra parte, en las zonas que se consideren de alta incidencia de ataques de fauna salvaje, la declaración de daños implicará el abono inmediato del 75% de los daños que se estimen.

Eso sí, el proyecto de ley marca un castigo ejemplar para los casos en que haya declaraciones de daños fraudulentas. Serían, de aprobarse la ley en el Parlamento regional y a falta de que se negocie y se acuerden sus puntos, cuatro años de suspensión de los derechos de compensación por estos daños.

Para incitar más a la Administración a agilizar tanto los pagos como la actualización anual de los baremos de los daños, una vieja reivindicación del sector, el proyecto de ley incluye la obligatoriedad de revisarlo y actualizarlo al final de cada año y, en caso de que no se haga así, se actualizarán de forma automática las cuantías en un 10% de su valor del año en curso.

Tanto las agrupaciones agrarias como el PP pidieron a los grupos parlementarios su apoyo «para un texto en el que la mayor muestra de ideología no es otra que el amor a nuestra tierra y la preocupación por el futuro de la actividad agroganadera».

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