Educadores sociales asturianos tras el asesinato en Badajoz: «A veces vamos al centro de menores sabiendo que puede pasar algo»

La consternación ante la tragedia es general. Pero «eso no nos puede hacer taparnos los ojos», dice Élida Váquez Lorenzo, que es presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, aunque aquí habla a título personal. «No podemos pensar que es algo insólito. Situaciones de agresividad y amenazas las tenemos en los centros públicos y en los concertados», admite. Flor González va un paso más allá y recuerda algunos de esos momentos, con un cuchillo de por medio. Pero ambas profesionales coinciden en una cosa: la mayoría de menores que pasan por los centros tutelados no tienen nada que ver con la delincuencia, pero llegan a ellos «con situaciones muy complicadas». Y la violencia contra las cosas, contra si mismos o contra los demás es la única herramienta que encuentran para gestionar realidades complejas y dolorosas.

Explica Élida Vázquez una realidad cambiante, con cada vez más problemas de salud mental y más adicciones, con y sin sustancias. Habla Flor González de un «mundo paralelo» hacia el que muchas veces preferimos no mirar. Y ambas coinciden en la necesidad de destinar todos los medios posibles para dar otra oportunidad a esos menores.

En Asturias, en estos momento, 890 menores están tutelados por el Principado. No todos están en centros, porque efectivamente los hay en acogimiento residencial, pero también en acogimiento de familia extensa o de familia ajena. Las casuísticas con muchas. De los que están en centros, aproximadamente la mitad están en dispositivos públicos y la otra mitad, en dispositivos concertados principalmente con entidades del tercer sector. Cuando los menores tienen medidas judiciales, como es el caso de los implicados en el suceso de Badajoz, es Fiscalía la que interviene y, en ese caso, hay tres posibilidades en función de la gravedad de los hechos. Pueden ser internados en un centro gestionado por la Cruz de los Ángeles, a otro público ubicado en Noreña o, en último caso, al Centro de Responsabilidad de Menores Casa Juvenil Sograndio. En este caso, la competencia es de Justicia y no de Derechos Sociales.

Colegio Profesional de Educadores y comité de empresa andan desde hace meses inmersos en una batalla a cuenta de la funcionarización del personal anunciada por la Consejería de Derechos Sociales. El primero exige que todo el que trabaje con menores esté debidamente titulado. El segundo, que están en juego 2.000 puestos de trabajo. Pero hay algo que, ante la tragedia de Badajoz, les pone de acuerdo: la demanda de más medios. Ambos colectivos han emitido sendos comunicados con un listado de demandas ante una situación trágica que «nos lleva a reflexionar sobre la realidad de muchos profesionales en la Educación Social en nuestro país, que desarrollan su tarea profesional en este tipo de centros, donde confluyen demasiados condiciones para hacer que esos puestos de trabajo se conviertan en lugares donde se trabaja a pecho descubierto, dándolo todo, pero sin los recursos necesarios para hacerlo con seguridad», dice en el suyo el Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias, COPESPA.

Ambos colectivos reclaman más medios humanos, ampliación de plantillas y más seguridad en los centros. Élida Váquez lamenta que, al igual que parece que sucedió en el caso de Badajoz, también en Asturias se dan situaciones en las que hay un solo trabajador en los turnos de noche «o dos para equipamientos de tres plantas». «Se trabaja siempre a mínimos, pero lo mínimo no es lo correcto y el personal de noche está desprotegido».

Las peticiones del Colegio Profesional son las siguientes:

- Mejora de la atención a la infancia y adolescencia: Es imprescindible aumentar las ratios de atención para garantizar un servicio de calidad. Exigimos una ratio de tres niños, niñas y adolescentes (NNA) por cada profesional de la Educación Social, profesional de referencia de la intervención socioeducativa, en los centros de protección, acogimiento residencial, centros socioeducativos o de reforma.

- Referente profesional en los centros socioeducativos y de protección: La figura de referencia en estos centros debe ser, sin excepción, el/la Educador/a Social, garantizando así una intervención adecuada y especializada.

- Trabajo en equipo y seguridad laboral: No se debe permitir que ninguna profesional desempeñe su labor en solitario. Cada turno debe contar con un mínimo de dos profesionales, en todos los turnos, con responsables de la intervención socioeducativa, asegurando la calidad del servicio y la protección tanto de los trabajadores como de los niñas, niños y adolescentes.

- Revisión de puestos sin cualificación específica: Es fundamental revisar y redefinir las funciones y requisitos de puestos como cuidador/a, auxiliar educativo/a, entre otros, para garantizar la idoneidad del personal que trabaja con infancia y adolescencia.

- Análisis del impacto de la precarización y privatización: Se hace necesario un debate profundo sobre cómo la precarización y la privatización del sector pueden afectar a la calidad de la atención a la infancia y adolescencia, así como a las condiciones laborales de los profesionales.

- Condiciones laborales dignas y seguridad en el trabajo: Se deben garantizar condiciones laborales adecuadas y medidas de prevención de riesgos adaptadas a la realidad del sector, protegiendo tanto a los profesionales como a los niños, niñas y adolescentes.

- Revisión de los protocolos ante la violencia: Es imprescindible revisar y actualizar los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia, asegurando una respuesta eficaz, profesional y respetuosa con los derechos de la infancia y adolescencia, y de los profesionales.

- Se deben implementar planes de formación continua para garantizar la mejor atención profesional.

- Es urgente no sólo la revisión de los recursos donde se llevan a cabo medidas judiciales de los adolescentes, sino la creación de nuevos recursos que den respuesta a la realidad actual de la infancia y adolescencia de nuestro país (trastornos de conducta graves, adicciones con y sin sustancia, salud mental, ...).

El comunicado del Colegio concluye así: «El drama de ayer se podría haber evitado si la administración pertinente hubiera tomado otras decisiones ante las denuncias previas que ya existían. No podemos permitirnos que estas situaciones se repitan. Nunca más».

En cuanto al Comité de Empresa de Hacienda y Fondos Europeos, consejería de la que dependen los centros de menores con medidas judiciales, lamentan el «brutal asesinato» de la compañera de Badajoz y expresan:

«Es lamentable que una trabajadora sea brutalmente asesinada durante el ejercicio de sus funciones.

El trabajo en responsabilidad penal con menores es una profesión vocacional, con una finalidad educativa y de reinserción social pero no se debe olvidar que es una labor compleja que entraña riesgos y peligros, se trabaja con una población sensible, con problemas de agresividad y violencia, que están cumpliendo medidas judiciales. Por ello, es imprescindible la seguridad en los centros, tanto públicos como concertados, donde los menores infractores cumplen las medidas judiciales.

Nuestro Comité denuncia la falta de medios de seguridad así como la precariedad de los mismos, como es el caso de nuestra Comunidad Autónoma.

No se puede tolerar ninguna muerte ni agresión más por una carencia de medios.

Instamos a todas las Administraciones competentes a que reflexionen sobre lo lamentable de lo ocurrido y que pongan los medios necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los propios menores en los centros de responsabilidad penal de menores.