Los empresarios alertan: el exceso de burocracia lleva a muchos «a desistir»

Decía el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la rueda de prensa que ofreció en Presidencia el pasado sábado, que en «2023 el Gobierno va a tener que seguir trabajando en esa guerra a la burocracia que tenemos abierta». Lo hacía en medio de una relación, por su parte, de los que serán los puntos principales de su «programa de Gobierno» no hasta las elecciones, sino para todo 2023, dando en cierto modo por hecho que después de los comicios regionales de mayo seguirá gobernando el Principado.

Y lo señalaba con plena consciencia de que una de las críticas más reiteradas que recibe tanto su Administración como la local en Asturias es el desesperante ritmo de la burocracia, que ha llevado a que el mismo vicepresidente del Gobierno y futuro número tres de la lista del PSOE, Juan Cofiño, hiciera en la última jornada del programa 'Pegados a la tierra' de EL COMERCIO una intensa autocrítica sobre el funcionamiento de la Administración cuando de favorecer la actividad emprendedora y la creación de riqueza se trata. Es el propio Cofiño el que lidera la redacción de la ley con la que el Principado quiere agilizar la Administración, pero en tanto llega a ser efectiva, las críticas a la situación actual se acentúan con cada día que pasa, máxime cuando el ya admitido retraso en la apertura de la variante de Pajares a «entre julio y septiembre», según admitió a EL COMERCIO el Ministerio de Transportes ha exacerbado los ánimos de los emprendedores, asociaciones y partidos asturianos, que ven cómo se evapora el empujón económico que habría supuesto para el verano turístico asturiano la llegada del Ave en mayo.

Más allá de este jarro de agua fría, asociaciones empresariales, sindicatos y partidos insisten en que hay problemas de fondo, puntos negros de la burocracia que urge solventar. Son estos.

Curiosamente, la Federación de Empresarios no comienza su análisis por las críticas más habituales, sino que alude a «un gran problema bastante común para los emprendedores, que es enfrentarse a una autorización relacionada con su futura actividad en un local. Además de las preceptivas licencias municipales relacionadas con las obras de adecuación y apertura se puede encontrar con una reminiscencia normativa en Asturias, que es el RAMINP ( Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas), norma preconstitucional de 1961».

¿Qué le ocurre? Pues que se trata «de una reliquia jurídica que está vigente solo en Asturias, pues no tiene normativa ambiental propia», por lo que urge la aprobación de la futura Ley de Calidad Ambiental, que la cercanía de las elecciones autonómicas puede acabar dejando sin plazo. Y Fade advierte: «si no se aprueba, tendremos el dudoso honor de seguir rigiéndonos por una norma medioambiental modificada por última vez en 1964».

Pero si el RAMINP supone retrasos («se aplica en supuestos comunes como la instalación de un aire acondicionado y demora meses la posibilidad de apertura», resulta que no es el único ni el principal lastre. Explica Fade que si por la naturaleza de la actividad que se quiere poner en marcha hay alguna «afectación teórica a cualquier case de bien protegido, ya sea natural o cultural, lo que es una protección necesaria se convierte en un trámite lento y difícil de resolver»

Por otra parte, mientras el Principado habla constantemente de la «digitalización» como una de las claves de futuro de las empresas, Fade apunta que «uno de los principales problemas prácticos en la gestión de los procedimientos es que la empresa solo tiene una posibilidad de conectar con las Administraciones: la digital.

Y el problema se genera no por falta de pericia por parte de las empresas, sino que «los problemas se multiplican, toda vez que hay dificultades con las infraestructuras técnicas, hasta el punto de que a veces se solicita que se presente en forma presencial, con gran riesgo jurídico para el solicitante». O bien por la «incapacidad para gestionar facturas electrónicas. O para «poner firma digital en documentos en procedimientos administrativos». En resumen, una «falsa digitalización. Procedimientos que siguen igual que siempre, pero sustituyendo el papel por un pdf, y el envío telemático (con problemas) en lugar de la entrega en ventanilla, pero incorporando cada vez más obligaciones de cumplimentación para la empresa.

Y un clásico: «Los plazos. Es posible que la norma diga una cosa y la realidad de los plazos sea otra. Aquí los ejemplos son variados, y subyace un problema: debería ser obligatorio que todas las administraciones publicasen el periodo medio de gestión de sus procedimientos, así como la duración de los retrasados. No se conoce la realidad de esta morosidad burocrática, porque las administraciones no son transparentes», indica Fade.

Todo ello resulta en un compedio de frenos al emprendimiento, como indicó un promotor inmobiliario a este periódico: «hay un exceso de normas y una lentitud desesperante que a muchos emprendedores con poco músculo financiero a veces les llevan a desistir o, lo que es peor, a ni siquiera plantearse emprender».

La Cámara de Comercio de Gijón optó por poner ejemplos: «Para instalaciones energéticas de autoconsumo empresarial (energía solar-fotovoltaica) la demora para obtener una autorización puede ser de muchos meses, mientras que en otras regiones, donde si admiten la declaración responsable, en pocas semanas puedes tener la infraestructura energética en marcha».

Del mismo modo, los retrasos pueden frenar la innovación, otro de los mantras del Gobierno regional: «algo similar ocurre con la tramitación de permisos para volar drones para sectores como la construcción o el industrial. Es tal la cantidad de autorizaciones que se exigen que, al final, se convierte en inviable la utilización de este tipo de herramientas que podrían ser tan útiles», ejemplifica.

También señala la Cámara gijonesa la concurrencia de competencias de varias administraciones en algunos casos, como en «los permisos contra incendios» lo que convierte al proceso de solicitud en una auténtica farragosidad burocrática.

Redundancia de administraciones y también, de normas: «Para la inscripción de los convenios colectivo de empresas en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo, la normativa básica se fundamenta en tres Reales Decretos diferentes y dos resoluciones, y se exige tal cantidad de trámites que demuestra que nos enfrentamos a una Administración pública poco ágil y eficaz.

La Cámara de Oviedo, por su lado también alude al entrecruzamiento normativo entre administraciones: «Para las empresas este hecho es demoledor», en particular en la «creación de empresas, donde las diversas administraciones se cruzan solicitando en ocasiones trámites paralelos difíciles de ejecutar».

Alude también la Cámara a que esos retrasos suponen daños adicionales, toda vez que, por ejemplo en iniciativas «de energía verde, parques eólicos o instalación de placas solares» se frena «la posibilidad de acceder a otros tipos de fondos por la falta de resolución administrativa», lo que «resta atractivo para las inversiones en la región».

En resumen, la Cámara ovetense señala que «una tramitación ágil facilita la atracción de inversiones y de ayudas, vemos que cuando se actúa coordinadamente se consiguen objetivos». Y advierte: «Las inversiones tienen una ventana en el tiempo y no están ahí permanentemente, teniendo en cuenta que otros territorios compiten en su captación».

Por ello, propone la «adecuación de las directrices sectoriales de equipamiento comercial de Asturias, como instrumento vertebrador en materia de ordenación del territorio y comercio, a las nuevas necesidades de la región».

Por otra parte, a la esclerotización burocrática atribuye la Cámara que «los fondos de transición justa están en un limbo eterno de la escucha, mientras vemos cómo se desmontan las térmicas de la región sin proyectos alternativos, y sin pensar las graves consecuencias en empleo, castigando sin piedad a zonas como el suroccidente».

En positivo, la Cámara apoya «la tramitación de la Leyes que desde el Principado se están impulsando que van a facilitar trámites, como la de Calidad Ambiental» y se ofrece para colaborar en la tramitación de expedientes», recordando que en Canarias las Cámaras de Comercio «ayudan a que los fondos europeos lleguen lo más rápidamente posible a las empresas, colaborando en su tramitación.

El del metal es uno de los sectores en que la innovación es más relevante y lleva mucho tiempo «inmerso en un proceso de transformación basado en la digitalización del diseño, la gestión, la servitización y la fabricación». Femetal estima que «de poco sirve a las compañías avanzar hacia la Industria 4.0 si la Administración regional no asume un proceso transformador basado no solo en ganar eficiencia y flexibilidad, sino también en abordar la adaptación de sus procesos a la digitalización».

Los empresarios del metal critican que «nos enfrentamos a un sistema burocrático hipergarantista en el que los controles que se realizan en la Administración no están equilibrados en los diferentes departamentos que intervienen en el proceso, produciéndose cuellos de botella de más de nueve meses para la resolución de una ayuda, o más de un año de espera para la instalación de energías renovables en nuestras naves y fábricas, por citar algún ejemplo».

Por ello, piden que la Administración invierta «en la formación de sus propios trabajadores», ya que el desacompasamiento entre la capacitación «del tejido empresarial y de la gobernanza pública es un motivo que ocasiona pérdida de competitividad».

El presidente del sindicato agrario Asaja en Asturias, Ramón Artime, aporta la visión del campo, que en la región «está ante una reconversión necesaria y brutal». Precisamente por eso necesita agilidad en las tramitaciones, pero según Artime «la Administración de Asturias es la más lenta del país. Lleva cuatro años sin convocar ayudas a la incorporación de jóvenes y a la modernización de explotaciones agrarias». Y avisa: «El 15 de febrero se acaba el plazo para pedir ayudas Leader, y lo acaban de abrir, así que quien quiera presentar un proyecto no tiene tiempo para elaborarlo». Con la PAC, lo mismo: «Asturias es la última en convocar y pagar en toda España». En resumen, «es un sinvivir pelear con esta Administración, en la que, eso sí, las inspecciones funcionan de maravilla, mientras que, por ejemplo, los pagos por daños se dilatan tres o cuatro años. Todo el mundo se está marchando y nadie hace nada para que la gente siga generando riqueza desde el campo asturiano, que supone el 20% del PIB y más de 11.000 puestos de trabajo.

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