El estreno de la variante se retrasa y Asturias exige al ministerio «todo su esfuerzo»

El compromiso de terminar la legislatura con los asturianos viajando por una infraestructura en la que van cerca de 4.000 millones invertidos, y que será capaz de recortar en más de una hora el tiempo de viaje con la meseta, nació de un enfado. Tras conocer los bajos niveles de ejecución de las inversiones estatales, el presidente del Principado, Adrián Barbón, realizó en junio una «maratón ministerial» para presionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. De la cita con la titular de Transportes, Raquel Sánchez, salió anunciando ese mes.

A la delegada del Gobierno, Delia Losa, le tocó ayer dar la cara y empezar a asumir públicamente la situación. «Ya no me atrevo a decir que abrirá en mayo», reconoció. «Mayo es la fecha que todos habíamos hablando, lo que ocurre es que ahora dependemos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es la realmente legitimada para decir cuándo se abre», agregó.

Este organismo comprueba el funcionamiento de cada sistema y subsistema, tras verificar la respuesta que dan al paso de trenes de pruebas que deben hacer miles de kilómetros antes de la entrada en servicio comercial. «Hay que garantizar que la seguridad sea total y absoluta para que no nos encontremos con un desgraciado accidente», abundó la delegada del Gobierno.

El Principado recibe información puntual de las pruebas y avances y conocía esta situación. Una vez hecho oficial que la expectativa de mayo se cae, el consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, salió a empezar a dar forma al nuevo mensaje: «Que esa fecha pueda ser más allá del mes de mayo es una posibilidad si tenemos en cuenta la incertidumbre técnica descrita, pero en ningún caso debe restar valor al salto histórico que la apertura de la variante y la llegada de la alta velocidad supondrá para las comunicaciones de Asturias».

Calvo, eso sí, aprovechó para meter presión: «Lo que exige el Gobierno de Asturias es que el plazo sea el menor posible, entendiendo que la prioridad es garantizar la seguridad de la línea. Exigimos al Gobierno de España que ponga todo su esfuerzo en ese objetivo».

La noticia, que en círculos técnicos y políticos se conocía desde hace tiempo, obliga a rediseñar estrategias electorales. Una de las principales bazas con las que quería llegar el Gobierno socialista a los comicios era la apertura de los túneles, hito que cerrará una herida en la región marcada por los casi 19 años que van de obras. La historia demuestra que todas las fechas de apertura han fallado, pero esta vez políticos y técnicos a ambos lados de la cordillera creían que era la buena.

En agosto, el 'número tres' del ministerio, Xavier Flores, ratificó que «hay mucho trabajo por hacer, pero aspiramos a cumplir y abrir en mayo». En octubre empezaron las dudas. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, dijo, no por casualidad, que los túneles abrirían «en el primer semestre» de 2023, calendario al que ayer se acogió la delegada. En noviembre en una visita a las obras la ministra argumentó que el hito sería «en los próximos meses», que intentaría llegar en mayo, pero «hay que hacer las cosas bien, no se puede ir con prisas por adelantar dos o tres semanas».

La historia ferroviaria reciente da muestras de los costes que genera forzar políticamente la apertura de estas infraestructuras. Durante casi dos años los trenes circularon ralentizados en la línea de alta velocidad Valladolid-León, porque las prisas por estrenar impidieron homologar el funcionamiento del sistema de seguridad más completo, el ERTMS; hacer las pruebas con el tráfico ferroviario abierto las complicó y las eternizó.

En Galicia estos días se ha retomado el juicio por el accidente de Angrois; la defensa del maquinista sostiene que las prisas explican que se recortara en la seguridad del tramo.