Fedea estima que la financiación autonómica y el crecimiento impiden al Principado caer en déficit
El organismo considera que las finanzas de las comunidades están más deterioradas de lo que parece y teme que la estabilidad presupuestaria quede «seriamente dañada»
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que dirige el asturiano Ángel de la Fuente presentó un estudio calculando el saldo estructural ... de las comunidades en 2023 y 2024. El dato aclara cuál sería la situación de cada administración autonómica de descontarse los efectos del ciclo económico y las aportaciones del sistema de financiación autonómica. Es decir, lo que busca esta metodología es poner el foco en «las decisiones fiscales adoptadas por los gobiernos autonómicos y las variables estructurales de gastos e ingresos».
El informe se basa en una metodología de la Comisión Europea que, lamenta Fedea, siga sin aplicar ningún organismo oficial del país. Según recuerda el saldo estructural –esto es, el resultado presupuestario una vez descontados los efectos de la financiación autonómica y el ciclo económico– «no es observable y, por tanto, es necesario estimarlo».
El documento da por hecho que en términos de contabilidad nacional el Principado tuvo un superávit en 2023 equivalente al 0,3% del PIB, que mejoró en 2024 hasta el 0,9%. Esa progresión se dio en un contexto nacional en el que el resto de las comunidades también tendieron a un mejor equilibrio. En 2023 el saldo del conjunto de las comunidades fue de un déficit del 0,9% del PIB, que se redujo al 0,1% el pasado curso.
Cuando se va desagregando de esas sumas los efectos del crecimiento económico y del sistema de financiación autonómico la imagen varía. En esa situación las comunidades se quedaron un déficit del 1,1% en ambos ejercicios, el peor dato desde que Fedea inicio estos cálculos en 2014. El caso de Asturias, estima que en 2023 habría cerrado en equilibrio y el pasado ejercicio habría tenido un déficit del 0,5%. Son diez las comunidades que, según Fedea, tendrían déficit de depender solo de sus decisiones de gasto e ingresos.
Por ello el organismo demanda contención dado que prevé que en adelante los ingresos se moderen y los gastos sufran la presión del «envejecimiento de la población» además de «nuevos retos como el cambio climático o la transición digital». De consolidarse la situación detectada «la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas autonómicas quedaría a nuestro juicio notablemente dañada», previene. Su temor es que los ejecutivos se queden sin margen fiscal para abordar políticas de gasto expansivas «en momentos recesivos del ciclo» económico.
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