El fiasco de Feve y el retraso de la variante distancian a Adrián Barbón del Gobierno

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido el escándalo de dimensiones nacionales en torno al contrato firmado en 2020 para la renovación de la flota de trenes de cercanías, cuya ejecución ni ha comenzado por un error en las medidas que se detectó hace ya un año, pero del que la opinión pública tuvo conocimiento a finales de enero por una publicación de EL COMERCIO. Un «desaguisado, fronterizo con el ridículo e inexplicable a ojos de la ciudadanía», como recoge la declaración institucional que el viernes aprobó el Consejo de Gobierno, que supondrá un importante retraso en la ejecución de los trenes, y un sobrecoste aún sin cuantificar. El escándalo ha sido tal que el presidente autonómico ve insuficientes los ceses de cargos intermedios anunciados hasta la fecha y ha pedido dimisiones a la altura de las circunstancias. El próximo día 20 de febrero Barbón se reunirá con la ministra, Raquel Sánchez, para exigir explicaciones y un compromiso firme con la red ferroviaria asturiana.

El escándalo de los trenes saltó por los aires poco después de que Asturias recibiera otro jarro de agua fría en materia ferroviaria, al confirmarse que la variante de Pajares no entraría en servicio en mayo, tal y como había anunciado el Ministerio de Transportes. Barbón no ocultó su malestar por el enésimo retraso en la puesta en servicio de esta infraestructura y por el incumpliendo de los plazos comprometidos por el ministerio, que los socialistas asturianos no habían dejado de divulgar. Exigió, de hecho, que un alto cargo del ministerio viajara a Asturias «a dar la cara» y luego dio por válidas sus explicaciones: fallos en las pruebas de seguridad. Sin embargo, después del fiasco en relación a los trenes de Cercanías, mostró sus dudas ante cualquier otra fecha de apertura que pueda llegar a darse por parte del ministerio. «Ya no doy por buena ninguna fecha», señaló. El presidente asturiano, de hecho, coprotagonizó junto a los líderes autonómicos de Galicia y Castilla y León un encuentro con personalidades del ámbito social, económico y político para exigir al Gobierno central y a la Unión Europea la reactivación del Corredor Atlántico.

El pasado mes de junio Adrián Barbón también hizo público su malestar con el Gobierno central y su «posición de clarísima crítica» tras conocerse un informe del Ministerio de Hacienda que daba cuenta de la baja ejecución de las inversiones previstas por el Estado en Asturias el año pasado, que no llegó al 50%, y pidió las oportunas explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, organizó un tour de dos días por Madrid para visitar cinco ministerios y pedir las oportunas explicaciones. Regresó con el compromiso de crear una comisión bilateral para realizar un seguimiento del presupuesto y la burla de la oposición, que tachó aquella gira de «mero postureo».

Fue también tenso el desencuentro entre Administraciones a cuenta de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, hasta el punto de que el Principado amenazó con acudir a la vía judicial para reclamar los 34,5 millones que la Consejería de Derechos Sociales abonó a 9.000 familias, y que considera que le adeuda el Gobierno central.

Hasta los tribunales ha llevado el Principado su posición en relación a la gestión del lobo tras la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir la especie en el catálogo de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Toda una batalla judicial que mantiene al Principado enfrentado al departamento de Teresa Ribera.

Asturias también amenazó con acudir a los tribunales para exigir los más de 80 millones en concepto de liquidación del IVA de 2017 que le adeudaba el Gobierno central ante la negativa inicial del Ministerio de Hacienda a asumir la deuda. Finalmente, el departamento que encabeza María Jesús Montero reconsideró su posición inicial y procedió a la devolución.

El presidente del Principado ha venido reclamando de forma reiterada la reforma del modelo de financiación autonómica y exigiendo que se tenga en cuenta el coste real de los servicios, primando los criterios de demografía, envejecimiento y dispersión sobre los de población ajustada. De hecho, Barbón ya mostró su rechazo hacia la propuesta inicial remitida por el Ministerio de Hacienda en la que parecen desoírse las exigencias asturianas.

En plena crisis sanitaria, el Principado se enfrentó al Gobierno central en varias ocasiones. La primera para imponer su criterio y evitar que el cierre de la actividad no esencial implicara paralizar la industria asturiana. Pero también para adelantarse al estado de alarma y ordenar el cierre de colegios y otras actividades o exigir un cambio de criterio en el reparto de los fondos covid.

No había aún estallado la crisis sanitaria cuando el Principado recibía el primer revés por parte del Ministerio de Industria, que tras meses de espera presentó un estatuto para las empresas electrointensivas que no colmó en absoluto las expectativas asturianas. Fue, quizá, el primer gran desencuentro.