La Fiscalía pide retirar la patria potestad al acusado de intentar matar a su expareja en Luanco

El juicio contra el acusado de intentar matar a su expareja en Gozón en abril de 2020, el mismo día en que el Juzgado le había impuesto una orden de alejamiento, ha quedado este viernes visto para sentencia después de tres sesiones. La Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales añadiendo, además, la solicitud de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad para el procesado, respecto del hijo que tiene en común con la víctima, durante un total de 8 años.

Durante su declaración ante el juez, el acusado negó que ejerciese cualquier tipo de violencia física o verbal contra la víctima anteriormente al día en el que la atacó en el negocio que regentaba y aseguró ante el juez que la suya era «una relación tranquila».

Sin embargo, sí admitió que el 25 de abril de 2020 acudió al negocio donde estaba su expareja, un kiosco, pero sin saber con qué finalidad. Indicó que la noche antes del día que atacó a su mujer estaba en Lugo y «se le metió en la cabeza venir a Luanco a suicidarse», motivo por el que de madrugada se desplazó a la capital gozoniega y añadió que esa noche tomó varias pastillas.

La víctima aseguró que la suya era una relación «complicada, difícil y tormentosa» y narró ante el tribunal varios episodios de violencia verbal y física contra ella por parte del acusado. «Yo tuve muchos momentos de miedo, miedo por mí y por mi hijo. Él me amenazaba con quitarme a mi hijo», explicó la víctima en una larga declaración ante el Tribunal. «Si no denuncié antes y aguanté la situación durante años fue por pánico, ya no miedo, sino pánico. Me intenté separar años atrás, cuando el niño tenía cuatro años», dijo. La versión de la mujer fue corroborada por la familia y numerosos amigos y conocidos de la familia.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de varios delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar y quebrantamiento de medida cautelar continuado y que concurre agravante mixta de parentesco y de desprecio de género.

A este respecto, solicita que se condene al procesado con varias penas de prisión por 15 años y 9 meses, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante un total de 6 años. Asimismo, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, a su domicilio familiar y a cualquier lugar en el que se encuentre, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio durante 16 años.

Además de las costas, en concepto de responsabilidad civil, se pide que el acusado indemnice a la víctima con 2.575,94 euros por lesiones, 31.000 euros por secuelas y 20.000 por daño moral.

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