El Gobierno central reformará la ley de la cadena alimentaria para respaldar al sector agrario

El Gobierno central pretende reformar la ley de la cadena alimentaria antes de que finalice este mes. Así lo anunció ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien aseguró que su departamento «está trabajando contra reloj» para presentar las modificaciones previstas en el Consejo de Ministros del próximo martes 25, donde serán aprobadas.

El objetivo es respaldar al sector para que «agricultores y ganaderos reciban un precio justo». Se trata de una primera reforma urgente de esta norma, previa a la elaboración de un proyecto de ley con el que se adaptarán más de treinta artículos a la directiva europea.

Entre los cambios «inmediatos» que se llevarán a cabo en esta primera fase está la prohibición de la venta a pérdidas, una de las principales demandas de los campesinos, así como aumentar el poder negociador de los agricultores. El titular de Agricultura explicó la reforma durante una entrevista radiofónica en Onda Cero. No obstante, también reconoció que no será «sencillo» lograrlo ya que «las cosas no son de un día para otro». El campo asturiano recibe positivamente esta propuesta de cambio, pero desde la «prudencia». Los sindicatos agrarios dan en general la bienvenida a esta iniciativa con la que el Ejecutivo español recoge el guante lanzado por los campesinos, que exigen la puesta en marcha de una serie de medidas para paliar la grave crisis de precios que atraviesa el sector.

Sin duda, la prohibición de la venta a pérdidas es una «gran noticia», aseguran. Se trata de una las medidas más reivindicadas y «esperadas» por los ganaderos asturianos, ya que en ocasiones las grandes empresas de distribución ofrecen como reclamo productos a un precio inferior al de producción. Otro punto importante señalado por el ministro es el que recoge el aumento de poder de negociación de los agricultores y ganaderos frente a los intermediarios, la industria y la distribución, así como la introducción de una referencia sobre los costes de producción en los contratos escritos. Además se publicarán las sanciones graves y muy graves.

«La intención es buena, pero hay que ver cómo se desarrolla después, porque una cosa es que el Consejo de Ministros dé el visto bueno a una reforma de ley y otra diferente que luego esa ley salga adelante», destaca Ramón Artime, presidente de Asaja Asturias. Para Artime, la reacción del Gobierno responde a «la presión mediática por tener los agricultores y ganaderos protestando en la calle, pero hay que esperar porque esto tiene mucho recorrido». En este sentido, «habrá que ver cómo reacciona la Comisión Nacional de la Competencia y si no la tira abajo», añade.

«Ya era hora de que se haga una ley en condiciones», aseguró la secretaria general de Coag Asturias, Mercedes Cruzado. Lo importante es que la normativa ayude a que «podamos cobrar precios justos que nos permitan cubrir costes, porque no podemos continuar sin un sueldo digno por nuestro trabajo y sin llegar a fin de mes». En UCA, también se muestran «alentados», aunque coinciden en que «habrá que estar pendiente de los pormenores», apuntó el secretario general de la organización, José Ramón García.