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La consejera de Derechos Sociales y portavoz del Principado, Melania Álvarez
El Ingreso Mínimo Vital beneficiará al 75% de los perceptores del Salario Social

El Ingreso Mínimo Vital beneficiará al 75% de los perceptores del Salario Social

La nueva prestación estatal obliga a reformular la Ley de Garantía de Derechos y deberá convivir al menos unos meses con el sistema autonómico de ayudas

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Jueves, 28 de mayo 2020, 13:52

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El Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno central tiene previsto aprobar mañana en el Consejo de Ministros beneficiará al 75% de los actuales perceptores del Salario Social, lo que se traduce en cerca de 15.700 hogares de la región. Así lo anunció esta mañana la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Principado, Melania Álvarez tras la celebración del Consejo de Gobierno. La llegada de esta nueva prestación obligará a reformular la Ley de Garantía de Derechos que se tramita en la Junta, un proyecto que pivota sobre el Salario Social, ayuda creada en 2006 en Asturias y a la que se han dedicado «casi 1.000 millones de euros».

El Gobierno regional está a la espera de conocer mañana los últimos detalles de este proyecto, pero asegura que sea cual sea su contenido ningún perceptor de la ayuda regional se quedará sin ingresos. Ambas ayudas «tendrán que convivir durante unos meses. Unos beneficiarios tendrán el Ingreso Mínimo Vital, otros el Salario Social, pero nadie se va a quedar fuera», señaló Melania Álvarez.

La llegada de la nueva prestación ha obligado a reformular los planteamientos del Principado. La Ley de Garantías y Derechos, un proyecto legislativo cuya tramitación estaba muy avanzada, tendrá que ser ahora replanteado. «Es el momento de analizar si conviven los dos sistemas. Hay que ver cómo encaja el Ingreso Mínimo Vital en la ley, cómo impactaría sobre al Salario Social y cómo hacerlo convivir con el sistema de garantías en Asturias», señaló la consejera, que pedirá comparecer en la Junta para explicar este asunto.

El Ingreso Mínimo Vital, renta con la que el estado pretende combatir la pobreza, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros por unidad familiar. En la actualidad hay en Asturias poco más de 22.000 perceptores del salario social, una prestación para la que los presupuestos del Principado tienen reservados este año una partida de 116,7 millones de euros.

Las previsiones que maneja el Principado, no obstante, es que la actual crisis económica hará dispararse el número de perceptores de estas ayudas. Una vez que acaben las prestaciones por desempleo, el Gobierno regional calcula que se pasará de las 200 solicitudes actuales a las 500, lo que arrojaría una cifra de unos 55.000 hogares asturianos que estarían en condiciones de recibir el nuevo ingreso estatal, más de un 10% de los hogares con los que cuenta Asturias.

La agilización de la tramitación de los expedientes para la concesión del Salario Social es uno de los objetivos que se ha marcado el Principado. El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de más de 783.000 euros para ampliar la plantilla de profesionales que tramitan los expedientes del salario social básico y las ayudas a la dependencia.

En concreto, 439.633 euros se dedicarán a financiar el programa temporal de refuerzo de gestión de la renta mínima autonómica, con el objeto de dar respuesta al incremento de solicitudes derivadas del impacto de la COVID-19, que se sitúa en torno a las 3.000. Esta iniciativa implica la contratación de 30 empleados públicos.

Otra partida de 344.000 euros irá destinada al contrato de 22 profesionales que reforzarán el servicio de tramitación de las ayudas vinculadas a la dependencia. Esta medida está incluida entre las acciones del plan de choque puesto en marcha en 2019, que persigue que en septiembre de este año todas las peticiones en este ámbito se resuelvan en plazo.

Guarderías privadas

Durante la rueda de prensa fueron otros los asuntos que se trataron. Uno de ellos es la apertura de las guarderías infantiles privadas, que se prevé para «la próxima semana». El Principado ultima un protocolo que debe ser validado por Salud Pública para afrontar con «garantías de seguridad» la apertura de unos centros que favorecen la conciliación. En cuanto a los campamentos infantiles, Melania Álvarez explicó que el Gobierno regional colaborará con las entidades locales para definir su posible puesta en marcha.

«Pido comprensión ante la gestión de esta incertidumbre», ha puesto de manifiesto antes de admitir que se han recibido quejas por «falta de comunicación» en este asunto que se han tratado de solventar con reuniones con asociaciones y respuestas a preguntas formuladas a título individual.

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