La justicia tardará «al menos un año en recuperar la normalidad» en Asturias tras las huelgas

Ese martes llegaba el anuncio desde el comité de huelga, formado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), CC OO y UGT: se decidía por unanimidad aplazar el paro, al menos, hasta el próximo septiembre. ¿Los motivos? Por un «agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance, algo que las familias y los trabajadores no pueden soportar indefinidamente»; y porque la coincidencia del conflicto con el periodo estival «ha ocasionado un lógico descenso en el seguimiento de la huelga indefinida motivado por la necesidad de descanso y, en muchos casos también, por la de conciliación». El Gobierno se negaba a mantener una negociación con los sindicatos hasta la formación del nuevo Ejecutivo tras las elecciones del próximo 23.

«Ya les hemos dicho a los funcionarios en huelga que no habrá negociación hasta después de las elecciones»; era una declaración de Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia, el pasado mes en Gijón. Él es el foco de las iras de los trabajadores; cuatro representantes sindicales se encerraron en la sede del ministerio, a principios del pasado mes, tras abandonar el segundo de Pilar Llop la mesa de negociación en Madrid.

Abogados y procuradores ya dan el año «por perdido». Esta huelga de funcionarios se sumó a la anterior de los letrados de justicia. «Estábamos desde enero prácticamente sin actividad», afirmaba Losa y eso ha generado hasta una merma de la facturación de hasta el 80% en algunos casos en ambos colectivos. En el Principado, apuntaba la decana de los procuradores, la justicia «funcionaba bastante bien», si se compara con otras comunidades autónomas. «Un proceso judicial completo, hasta con una apelación, tardaba en resolverse una media de entre ocho y diez meses». Ahora, revelaba Losa, «ya tengo señalamientos de juicios para marzo de 2023, actuaciones que han estado señaladas en tres o cuatro ocasiones y han sido sucesivamente anuladas por las huelgas».

Asegura que solo se trata de una impresión personal suya, pero González-Busto prevé que tanto los profesionales como el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tendrán que consensuar un «plan para recuperar la senda de la normalidad». ¿Qué implicaría? Más trabajo, ampliar horarios tanto de mañana -señalar antes las vistas- como por las tardes. «Todos vamos a tener que hacer esfuerzos», destacaba.

El pasado miércoles regresaba «cierta normalidad» a los juzgados. «Confiamos y esperamos que este anuncio de suspensión de huelga desemboque en una desconvocatoria definitiva, y que los acuerdos a que se llegue tengan la virtualidad de evitar conflictos similares futuros», manifestaba el decano del Colegio del Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo, a través de una circular. «Sí, las notificaciones llegan de nuevo y los funcionarios están en sus puestos, pero se trata de una maquinaria que cuesta volver a poner en funcionamiento», decía Antonio González-Busto.

Todos los actores tienen más que claro que este problema se va a tener que abordar nada más se forme el nuevo gobierno y de manera urgente. «El conflicto pervive, porque los funcionarios han mantenido una huelga, con el perjuicio económico que ello supone -ha sido la movilización más larga que ha padecido esta administración-, y no han conseguido absolutamente nada», alerta Encarnación Losa. «Es perturbador solo pensar que la parálisis de los juzgados puede regresar; la gente está sufriendo mucho ya que esto nos afecta sobremanera, porque no podemos hacer nuestro trabajo a pesar de que el conflicto no nos incumbe para nada. Somos una especie de rehenes en una pugna laboral que no era nuestra y en la que no pudimos atender a nuestros clientes», añadía Losa.

Tanto abogados como procuradores advierten de que se puso en duda la tutela judicial efectiva a los ciudadanos. «Esta ministra no tuvo talante dialogante, hace pensar desde fuera que la justicia importaba poco, pero se trata de una administración esencial, a la que los ciudadanos acuden cuando tienen que resolver un conflicto y a que se cumplan sus derechos; si la persona no está protegida, pues apaga y vámonos», lamentaba la procuradora.

«Se ha cerrado en falso porque no hay acuerdo, pero estoy convencido en que el nuevo Gobierno, sea del color que sea, tiene que llegar a un arreglo con los funcionarios; no hubo conflicto laboral en España que no acabe en acuerdo», afirmaba el decano electo de Oviedo.

«La huelga se aplazó, pero la movilización va a mantenerse y esta interrupción temporal no es una suspensión de las protestas», se advierte desde las formaciones sindicales de los funcionarios de justicia. Por eso, no se han anulado dos convocatorias de huelga para las jornadas del día 11 -habrá una concentración ante el Palacio de la Moncloa- y otra el 20, por una protesta en Logroño, coincidiendo con cumbre de la Unión Europea en materia de justicia. Paralelamente, se convocarán concentraciones ante las delegaciones del gobierno y se proseguirá con el «seguimiento» de la campaña electoral del partido en el Gobierno (PSOE). «Continuaremos con las presiones a los políticos para explicar nuestras reivindicaciones y para que el próximo Ejecutivo sepa que tiene una cuenta pendiente».

Además, los sindicatos quieren que el conflicto sea protagonista en la campaña electoral; ya se han reunido con varias formaciones políticas para trasladarles la situación e, incluso, se entrevistaron con el secretario general de la Federación Socialista Asturias (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, quien se comprometió a mediar ante el Gobierno «sin que sepamos nada al respecto», se quejaban los funcionarios. Por eso, en los actos políticos de los socialistas, los trabajadores quieren estar presentes para recordar que el problema sigue ahí y que no han sido capaces de lograr una resolución.

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