León se suma al Principado y también reclama rebajas en el peaje del Huerna

El alcalde de León, Antonio Silván; el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, y el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez. / JOSÉ RAMÓN NAVARRO
El alcalde de León, Antonio Silván; el presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, y el subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez. / JOSÉ RAMÓN NAVARRO

«Lo aplaudimos, la reducción podría ser por sectores», dice su alcalde. «Lo estamos estudiando», desvela el subdelegado del Gobierno en León

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

Asturias y León están unidas contra el peaje del Huerna. Así lo apuntó ayer el alcalde de León, Antonio Silván, en su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), donde acudió a promocionar la gastronomía local y rehusó analizar las implicaciones del 'caso Enredadera', una supuesta trama de corrupción que salpica a su consistorio. «Tuvimos un pleno extraordinario, han sido informados los ciudadanos y los grupos, y no tengo nada más que decir», disculpó.

El regidor prefirió ahondar en las infraestructuras comunes, señalando así que desde su ciudad «se ve con buenos ojos» el proyecto para reflotar la autopista del mar Gijón-Nantes. También se mostró al tanto de la lucha del Principado para obtener algún alivio de las tarifas del peaje o su supresión. «Todo lo que sea rebajar la carga a los bolsillos de los ciudadanos es bienvenido», avaló. Eso sí, se trata de una gestión a realizar siendo «consciente de lo que eso significa». «Hay que tener en cuenta el escenario económico», advirtió.

La prórroga de la concesión aprobada en el año 2002 amplía los derechos de Aucalsa sobre la AP-66 hasta el 17 de octubre del año 2050. Tras la renovación, el Gobierno privatizó la sociedad, dentro de un paquete de concesiones que vendió por 1.536,33 millones. Ocurrió en el año 2003 y desde entonces las autopistas privatizadas (Aucalsa, Audasa y Autostradas) llevan recaudados a los usuarios 2.432 millones, declarando unos beneficios antes de impuestos que suman los 1.115 millones.

Con los números sobre la mesa, tras revisar el expediente de la venta de acciones y entrevistarse con quienes lideraron el proceso, un grupo de especialistas publicó un estudio con la Universidad Politécnica de Madrid. Su conclusión es que aquella enajenación «fue una solución eficaz, y sólida ante un grave problema de credibilidad de España como país», sin embargo «no podemos hablar tan positivamente de la rentabilidad obtenida de la operación de rescate y posterior privatización».

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Podemos viene realizando una investigación parlamentaria para encontrar en ese acto de privatización y en la ampliación de la concesión alguna fisura jurídica que permita su anulación. El objetivo es lograr la liberación del peaje al mínimo coste posible. En puridad, ahora mismo los derechos de Aucalsa le hacen acreedor de una compensación considerable, caso de rescate. En sus últimas cuentas anuales valoraba en 649 millones el acuerdo de concesión. Es una referencia que podría utilizar para reclamar su indemnización. Otra es el cálculo de los ingresos que le quedan por obtener, algo todavía más lesivo para el erario, toda vez que según su planificación cuenta con ingresar más de 3.000 millones hasta el año 2050.

La enjundia económica del rescate provoca que hasta la fecha toda pugna política por lograrla haya terminado transformada en promesas incumplidas, o diluidas. La liberalización fue por ejemplo un compromiso de la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero; su Ejecutivo llegó incluso a amagar con estudiar la ejecución de una autopista alternativa como herramienta de presión a Aucalsa.

Como un Guadiana, el sueño de suprimir el peaje regresa de tiempo en tiempo a la política asturiana, sin una continuidad. No figuraba por ejemplo entre las prioridades recogidas en la Alianza por las infraestructuras estatales, impulsada por el Principado a principios de 2017, ni tampoco forma parte de los compromisos que el presidente regional Javier Fernández arrancó en su reciente visita al presidente del país, Pedro Sánchez.

Subvención a las mercancías

Desde ese punto vista, Silván encuentra visos de reconducir la reivindación hacia posiciones más posibilistas. «Podría ser una rebaja por sectores, que permita incrementar el flujo de mercancías», esbozó. La idea recupera en parte la bonificación a camiones que durante unos meses ya aplicó el ministerio en la etapa de Ana Pastor.

El Gobierno central por ahora no se moja. El ministro José Luis Ábalos anunció que no renovaría las concesiones que terminen en lo que queda de legislatura, y para el resto prometió un estudio sobre el modelo nacional, asumiendo que existen desigualdades entre territorios. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, señaló al respecto que las rebajas en el Huerna es algo que «se está estudiando; hay condiciones legales, el peaje tiene unos años legales». La administración central, en todo caso, «estudia los peajes que terminan, a ver si se pueden quitar, pero el del Huerna es un asunto que está en estudio, su caducidad es en unos años; en este momento se está estudiando pero no hay nada decidido», concedió el subdelegado.

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