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El Gobierno de Asturias acaba de informar que un estudio conjunto con las comunidades vecinas «confirma la expansión territorial y el crecimiento continuo de la población de lobos en el Noroeste», motivo por el cual la Consejería de Medio Rural y Política Agraria tiene la intención de «reanudar la aplicación en todos sus términos del plan de gestión, que garantiza criterios técnicos y sostenibles».
El informe calcula que el Principado cuenta con 45 manadas, 42 de ellas reproductoras, en las que viven entre 360 y 405 ejemplares. El trabajo, elaborado en colaboración con los Ejecutivos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, «constata la buena evolución de la especie, que no justifica un régimen de protección especial», según informa el Principado.
Este criterio iría frontalmente en contra con lo defendido por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico, que mantiene la defensa de que el lobo siga incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que impediría a los gobierno autonómicos aplicar sus respectivos planes de gestión de la especie, que por el momento siguen en suspenso.
Por ello, puede parecer hasta sorprendente que el Gobierno de Asturias haya elaborado, en colaboración con los Ejecutivos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, «un detallado estudio que refleja la positiva evolución de la población de lobos en el Noroeste». En todo caso, desde la consejería se acota que «este trabajo conjunto persigue que la situación de la especie en España vuelva a considerarse favorable de cara a la elaboración del informe sexenal 2019-2024».
El Principado no sólo ha aportado la información requerida para la ejecución de este informe, sino también un análisis exhaustivo que incluye datos adicionales sobre el estado de conservación de la especie, la viabilidad poblacional y la conexión ecológica del lobo en la comunidad. Este enfoque pretende reforzar el marco técnico y científico que sustenta la gestión de la especie.
El lobo ocupa actualmente el 83% del territorio asturiano, llegando a aparecer por los concejos costeros y causando daños en la ganadería en explotaciones del litoral, como ha podido comprobar in situ EL COMERCIO, y está conectado con el de las autonomías vecinas. El hábitat, que abarca una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados, asegura la sostenibilidad de la especie y garantiza su favorable estado de conservación.
Los datos del último sexenio, según el Principado, reflejan una mejora significativa de los indicadores respecto al periodo 2007-2012. Asturias cuenta ahora con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, de modo que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 ejemplares. Esta cantidad supone un crecimiento del 18,4% si se compara con los datos del período 2013-2018 y consolidan la tendencia de expansión de la especie.
Desde el Gobierno del Principado de Asturias «se considera que la decisión de cambiar el estado del lobo a desfavorable en el informe anterior ha generado consecuencias negativas. La suspensión de acciones de gestión ha incrementado las situaciones conflictivas relacionadas con la especie, como ataques al ganado y mayor sensación de inseguridad entre los habitantes del entorno rural».
Por ello, y un día antes de la reunión que la Consejería de Medio Rural, y en su representación la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, va a mantener mañana, lunes, a las 12 del mediodía, con los ganaderos asturianos en el Polideportivo de Tineo, desde el Gobierno se admite que «estas circunstancias han deteriorado la percepción social de este animal y de la fauna en general, alimentado un repunte de prácticas de furtivismo. Este tipo de acciones, muchas veces indiscriminadas, como el uso de lazos y venenos, no solo afectan al lobo sino que también ponen en peligro a otras especies protegidas que comparten el mismo hábitat».
Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León concentran la inmensa mayoría de la población de lobos de España. A la vista de la buena evolución de la especie, los gobiernos de todas estas comunidades defienden que sea excluida del régimen de protección especial.
Los datos del estudio «permiten considerar que la especie se encuentra en un estado favorable. En esta situación, el Gobierno del Principado es partidario de reanudar la aplicación del plan de gestión, que garantiza criterios técnicos y sostenibles». Su enfoque, similar al de otros países europeos, «permite armonizar la conservación del lobo con la actividad ganadera y el desarrollo del medio rural», asegura el Ejecutivo asturiano.
El Gobierno de Asturias entiende que «es crucial mantener este equilibrio, garantizando que el lobo siga siendo un elemento clave del patrimonio natural sin perjudicar la sostenibilidad de las comunidades rurales. Los resultados positivos de los últimos sexenios respaldan la viabilidad de este modelo de gestión que combina ciencia, conservación y desarrollo rural».
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