Luz verde a la mejora de los túneles del Huerna que enfrenta a Aucalsa y Transportes

La demora que arrastra el país en acatar ese mandato en su red principal de carreteras causó que la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España hace un año, tal como desveló EL COMERCIO. De no persuadir a los técnicos comunitarios de que el problema está en vías de solución Bruselas multaría al país, como ya hizo por el retraso en poner las depuradoras que pedía para aglomeraciones como Gijón.

El problema para España es que estas obras son también sumamente costosas, motivo por el cual se han ido aplazando. Eso explica que, por ejemplo, los permisos ambientales para la reforma que necesita el Huerna se empezaran a tramitar en 2008. El entonces Ministerio de Medio Ambiente pidió aclaraciones y, como no le llegaron, archivó el asunto.

La amenaza de multa de la UE está obligando a tomarse más en serio el asunto, y de ahí que esta vez el ahora Ministerio para la Transición Ecológica haya recibido todos los datos. Las obras afectan a los siete túneles de la AP-66 e incluyen perforar galerías de conexión entre los tubos con tráfico de sentido Asturias y los que se usan hacia León. En total son once galerías por hacer, con 610,6 metros de longitud.

Hay que construir balsas de vertido soterradas en seis de las bocas, con capacidad de 50 metros cúbicos cada una. Cada galería llevará cunetas que recojan las aguas de infiltración, las lleven a pozos de bombeo y terminen en colectores de evacuación.

A la salida de los túneles el proyecto incluye varias casetas para albergar los cuadros técnicos. Los tubos deberán contar además con un circuito suplementario de electricidad. En total, la tierra y roca a extraer se depositará en dos vertederos con una capacidad de 27.013 metros cúbicos, del túnel del Negrón se calcula que salgan aguas a depurar con una carga de sólidos inferior a 20 kilos al día y de 13,5 en el de Pando.

La obra está definida, el permiso ambiental dado, pero falta por despejar la ecuación económica. En 2008, cuando se tramitó el proyecto por primera vez, la inversión para cumplir con la directiva de la UE en los términos marcados por la legislación nacional se calculaba en 52,4 millones. Sería el desembolso más cuantioso desde la construcción de la AP-66 y por ello la concesionaria, Aucalsa, viene repitiendo que si se le obliga a asumirla precisará de una «compensación» por parte del Ministerio de Transportes, sin precisar si apunta a subida de tarifas o ampliación del contrato de concesión.

De momento lo que toca, indican fuentes de la concesionaria, es incorporar al proyecto de obra las medidas correctoras impuestas por Transición Ecológica y elevar el resultado final al de Transportes, para que lo supervise. La tesis del ministerio que rige José Luis Ábalos se mantiene en que debe ser la empresa la que ejecute las obras.