El nuevo plan de vivienda de Asturias se dispara hasta los 220 millones frente a los 56 actuales

«Esto es lo que acepta Asturias y esto es lo que todavía no han sido capaces de aceptar otras comunidades autónomas», dijo la ministra. «No está la situación como para decir que no a cientos de miles de millones de euros para hacer vivienda pública, a proteger ese patrimonio y hacerlo con garantías para la ciudadanía», agregó. «Con este acuerdo damos un salto cualitativo en materia de inversión», celebró Ovidio Zapico, quien confía en que semejante impulso «dé sus frutos sí o sí«.

Matiz a tener en cuenta. Cuando se acordó el plan en vigor, en 2022, se hizo con un Plan de Recuperación que estaba dando sus primeros pasos y que se ha convertido en una fuente financiera de primer orden en la materia. Entre 2020 y 2024 el Principado ha captado 151,5 millones de este dinero procedente de la UE y que está sirviendo para sacar adelante programas de rehabilitación y de construcción de vivienda para el alquiler.

La Comisión Europea tiene previsto cortar ese grifo a mediados de 2026, con lo que, para mantener el ritmo de los últimos años, urgía hacer una mayor apuesta desde los presupuestos propios.

De los 220 millones que ministerio y Principado han acordado, hay 87 que pondrá la administración autonómica, «un esfuerzo importante que demuestra el compromiso que adquirimos en agosto de 2023 cuando constituimos el gobierno de unidad progresista», defendió Zapico.

El encuentro permitió al consejero actualizar su hoja de ruta en la materia. Su objetivo es activar en otoño el programa 'Alquilámoste', una iniciativa para sacar al mercado del alquiler vivienda vacía. La idea consiste en firmar acuerdos para que los propietarios le cedan al Principado la gestión de su vivienda, a cambio de recibir una renta garantizada y recuperar el piso en perfectas condiciones pasado un tiempo. La administración se encargaría por su parte de buscar inquilinos a un precio asequible.

Zapico espera que el lanzamiento del programa coincida con la firma del Pacto Social por el Acceso a una Vivienda Digna 2025-2035, con el que «queremos que el parque público de vivienda pase de los 9.700 inmuebles actuales a los 15.000». También sigue tramitando los expedientes de las 16 zonas de seis concejos que se quiere declarar como tensionada, con vistas a elevarlos al ministerio «para que en las últimas semanas del año las tengamos declaradas».

A finales de año el Consejo de Gobierno aprobaría el borrador de la ley asturiana de la vivienda «y por tanto destinar el año 2026 a la tramitación en la Junta General del Principado», acotó el consejero. Esos plazos apuntan a una entrada en vigor ya en el tramo final de la legislatura. El texto incluirá «el carácter vitalicio de la vivienda protegida» y también la creación de un observatorio de la vivienda.