La obra pública se queda sin empresas: el 31% de los contratos se deciden ya sin competencia

Lo habrán leído estos días. Los gobiernos central y autonómico, y buena parte de los ayuntamientos, estrenarán 2023 con más inversiones en sus presupuestos. Los niveles de empleo, los beneficios empresariales y la inflación alimentan la recaudación de impuestos. El maná de fondos Next Generation riega el país. Las arcas públicas respiran bonanza pero el procedimiento para dedicarlas a gasto productivo muestra síntomas de atasco.

Hay una mezcla de legislación ineficaz, organización del personal obsoleta y falta de uso de las nuevas tecnologías que estrangula la contratación pública en Asturias y facilita zonas de sombra. El problema cuesta dinero y oportunidades y ocurre cuando más se necesitaba que la maquinaria esté engrasada. Por partes.

Manuel José García es investigador en Contratación Pública de la Universidad de Oviedo. Dice que el área puede parecer «un poco aburrida, pero es muy importante» y lo justifica: «El 15% del PIB se decide con contratos públicos». El peso económico de estos procesos está al alza.

Son tiempos de expansión. El Principado por ejemplo disponía de 327 millones para gastos de capital en 2019 y espera estirarlos el curso que viene hasta los 921. En cinco años el fondo está cerca de haberse triplicado.

Crece el dinero reservado y, a la vez, lo hace el que al final se queda en caja sin utilizar. En 2019 el Principado reconoció que 75 millones que tenía metidos en el presupuesto para inversiones a 1 de enero no lo había logrado aprovechar en los 365 días posteriores, en 2020 fueron 126 y el pasado curso el ahorro aumentó hasta los 153. Todo apunta a que este curso volverá a engordar el remanente. A 1 de noviembre el 81% del dinero consignado para inversiones seguía sin usar. Cuanto más fondos hay, más dificultades muestra la administración para aprovecharlo y más euros le quedan al final en la caja.

El vaso medio vacío dice que parte del presupuesto no se utiliza. El medio lleno reconoce que, a pesar de ello, cada año se hacen más actuaciones. Los presupuestos son tan alcistas que permiten que ambos fenómenos se produzcan a la vez.

Según el último informe anual de la patronal CAC-Asprocon en 2021 el sector público en su conjunto licitó en Asturias obra pública por importe de 661 millones. Es el doble que en 2020 y, con mucho, la mayor suma en la última década. El promedio de los diez años anteriores era de 371 millones de licitación.

Los registros de la gran patronal nacional, Seopan, más actuales, mantienen la tendencia. De enero a octubre su radar registró licitaciones de la administración central, autonómica y local aquí por importe de 472,5 millones, con un gran impulso del Principado y los ayuntamientos; en 2021 los primeros diez años solo se ofertaron contratos que sumaban 335,1 millones; en 2020 se quedaron en 144.

Primera conclusión. La maquinaria administrativa, sin ser capaz de sacar todo el dinero de la caja, está incrementando su volumen de concursos. Al otro lado de la ventanilla encuentra un sector privado jibarizado. La crisis del ladrillo fue cruenta. En 2013 cuatro de los trece miembros de la cúpula de la CAC-Asprocon tenían sus empresas en concurso o liquidación. Pocos sobrevivieron y entre los que resistieron se dieron alianzas.

Ese es uno de los factores que explican que cada vez haya menos competencia en el sector. El otro está en que el propio atasco que presentan los concursos desincentivan la concurrencia. Según los registros de la patronal asturiana, en Asturias en 2014 cada concurso público convocado en la región se encontraba con un promedio de 15,5 empresas presentado oferta para llevárselo. «Con excepción del año 2020, el número de empresas que concurren ha ido en descenso continuo desde 2014», señala.

La patronal centra la anomalía en el orden autonómico. «La lentitud en los procesos de licitación, la falta de materiales y los proyectos no adaptados a la situación económica actual son alguno de los factores que han propiciado un descenso notable en el promedio de licitadores que se presenta a las obras que publican (concursos y subastas) la administración del Principado. En concreto, en los últimos ocho años se han pasado de una media de dieciocho licitadores a los ocho actuales». Es un desplome del 56%.

Manuel José García ha recopilado datos sobre lo limitado que es el espectro de mercantiles que opta a concursos. En España hay 3,37 millones de empresas activas «y de ellas solo 75.802 contratan con las administraciones, lo que supone un 2,24% del total». Si el angular se cierra a Asturias «aquí logran contratos públicos 1.442 empresas distintas, lo que supone un 0,042% de todas las que hay en el país» indica, utilizando cifras de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) sobre el año 2020.

Populate es una iniciativa de ingenieros y diseñadores que aplican nuevas tecnologías a mejorar la administración. Gobierto es una de sus ramas, centrada en la explotación de datos de contratación. Una de sus bases de datos recopila 1.822 expedientes de contratación que el sector estatal, autonómico y local notificaron en Asturias entre 2020 y mediados de 2022. Consta el número de empresas que se postularon en 1.645 casos. En el 31% de ellos la subasta se resolvió confiando el encargo a la única compañía que se ofreció. Es decir, casi un tercio de los contratos públicos se resolvió sin competencia.

Los encargos realmente disputados son los menos. Solo el 29% de los concursos recibieron cinco o más propuestas diferentes que obligaran a cada mesa de contratación a hacer examen detallado de las virtudes y defectos de cada una.

Aparentemente, tener menos aspirantes debería llevar a concursos más rápidos. Hay menos documentación que revisar y aspirantes que evaluar. La agilidad, empero, brilla por su ausencia.

El balance de Cac-Asprocon, con datos de 2021, sitúa al Principado como el más 'tardón'. Desde que convoca un concurso hasta que lo resuelve pasan de media 102 días, promedio que se estira a los 145 si el encargo es de más de un millón de euros. La Administración central necesita 88 días de media, que sube a los 126 en contratos que pasan del millón. Los ayuntamientos son los más rápidos en lo pequeño: su promedio general es de 63 días, si bien cuando el encargo pasa del millón se atacan con 182 días de promedio.

La cosa es lenta con lo grande y con lo pequeño. La Consejería de Cohesión Territorial convocó en octubre de 2021 un encargo de 45.517 euros para redactar un proyecto de ensanche de cuatro kilómetros de calzada; solo concurrieron cuatro aspirantes, pero no ha sido hasta el 3 de noviembre cuando la mesa de contratación propuso darle el trabajo a uno. En noviembre de 2021 ofreció 2,9 millones para repintar carreteras; acaba de decidir quién lo hará.

Que un encargo tarde tanto en tener quien lo materialice facilita su fracaso. Las condiciones de una empresa para afrontar la tarea y los precios de los materiales están cambiando mes a mes.

En 2021 los encargos que quedaron desiertos en Asturias estaban valorados en 78,76 millones, según el balance de Cac-Asprocon, un 21% más que en 2020 y un 454% superior a 2019. La patronal explica estos contratos fracasados por el «encarecimiento de las materias primas y los proyectos licitados a precios fuera de mercado».

En suma. Los presupuestos empujan a sacar cada vez más encargos. En 2021 el Principado ya convocaba 2,8 concursos al día y los ayuntamientos cuatro. Con plazos tan amplios las administraciones están recurriendo cada vez más a un subterfugio para evitar el papeleo: encargar los trabajos a un medio propio. Ahí destaca Tragsa, sociedad creada por la administración central, en principio para asumir trabajos forestales y similares, pero que ahora utiliza para todo. El Principado, al tener el 0,0034% de las acciones, puede recurrir a él directamente, sin concurso, cosa que cada vez hace más. En 2018 le confió tareas por importe de 10,8 millones; el pasado curso ya había duplicado esa suma.

• Temas
• Principado de Asturias
• Asturias
• Plan de Vías
• Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon)