La defensa del exalcalde de Ponga pide la nulidad del proceso por defectos de forma
El abogado de Mercedes Traviesa solicita además la absolución de la exalcaldesa. El tribunal emitirá un auto con la decisión la próxima semana
gloria pomarada
Viernes, 21 de enero 2022, 13:57
El juicio que sienta en el banquillo de los acusados a los exalcaldes de Ponga Cándido Vega y Mercedes Traviesa y a los exconcejales Ángel Collado y Víctor Ibáñez, fijado para este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincia de Oviedo, ha quedado aplazado hasta el próximo viernes 28, cuando el tribunal determinará si procede o no seguir con el proceso. Detrás de la decisión está la petición de nulidad presentada por las defensas de los exregidores, que aludieron a defectos formales en la personación del Ayuntamiento de Ponga como acusación particular. El abogado de Cándido Vega, José Alberto Montes, apuntó que «no había un acuerdo válido» del Pleno y que «no existía un informe». «Considero que es nulo todo porque las pruebas que se practicaron fueron todas a instancia del Ayuntamiento y si el Ayuntamiento no podía ser acusación particular, esas pruebas serían nulas», dijo.
En el caso de Mercedes Traviesa, al estar solo acusada por el Ayuntamiento y no por la Fiscalía como el resto, su defensa pidió además su absolución. El abogado de los dos exconcejales no se sumó a la petición. Será el tribunal el que determine ahora cómo proceder, decisión que dará a conocer el próximo viernes. Por su parte, desde la defensa del Consistorio señalaron que la petición cursada por los exregidores es «improcedente» y se trata de una «táctica disuasoria». La letrada afirmó que no es necesario tal informe y que sí existió un acuerdo de Pleno para presentar la denuncia, que sería el «acto iniciador», por lo que no se tendría que adoptar otro acuerdo para cada paso del procedimiento, entre ellos el de ejercer la acusación particular.
El fiscal respaldó la postura del Ayuntamiento y señaló además que la solicitud de nulidad se plantea de forma «extemporánea». Recordó asimismo que denunciar irregularidades «no es un derecho, es una obligación» y, en todo caso, el primer acuerdo del Pleno ya apuntaba a la «voluntad de perseguir esos delitos».
La Fiscalía considera que Cándido Vega, quien gobernó entre 2007 y 2013 tanto bajo las siglas de Foro como de URAS-PAS, cargó al Ayuntamiento pongueto facturas de carácter personal relacionadas con el pago a abogados por un importe de 20.396,95 euros, obviando los reparos de intervención.
Por ello, solicitan para Vega cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público en las corporaciones locales o que tenga relación con la gestión de fondos públicos durante diez años.
Para Ibáñez y Collado el ministerio fiscal pide penas de dos años y medio de prisión y nueve de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita además que Vega indemnice al Ayuntamiento de Ponga con 18.743,75 euros y que los tres abonen también, de forma conjunta y solidaria, 8.993,46 euros, más los intereses legales correspondientes. En el caso de Mercedes Traviesa, la única acusación es la formulada por el Ayuntamiento, que solicita dos años y medio de prisión, además de su inhabilitación.
