El exalcalde de Ponga afirma que estaba «obligado a hacer lo que se acordaba»

El juicio contra el exalcalde de Ponga, Cándido Vega, la también exregidora Mercedes Traviesa y los exconcejales Ángel Collado y Víctor Ibáñez continuó ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo tras dirimirse las cuestiones previas planteadas en la sesión de la pasada semana. El tribunal avaló que el Ayuntamiento prosiga en el proceso como acusación particular, desestimando así la petición de las defensas de los exalcaldes al considerar, entre más argumentos, que no habían planteado la cuestión durante la instrucción de la causa.

Cándido Vega, acusado de cargar al Ayuntamiento facturas de sus abogados, sostuvo que «el alcalde está obligado a hacer lo que se acuerda» y que ese fue su proceder, atendiendo a las indicaciones de la entonces secretaria interventora. Era la funcionaria, insistió, quien «hacía los decretos» y «echaba las cuentas y llevaba todo el tema económico». A preguntas de su abogado, únicas a las que respondió, afirmó además que la secretaria «nunca dijo que no se podía hacer».

Ya la pasada semana, antes de la vista oral, el exalcalde había defendido su inocencia. En la sesión de este viernes, su defensa solicitó además la inclusión de documentos, como casos archivados, que a su entender demuestran la «persecución penal» a la que estarían siendo sometidos tanto Vega como sus allegados.

Quien fuese secretaria interventora durante la etapa de los hechos enjuiciados, citada como testigo perito, confesó que la relación con el alcalde «era mala por los informes de reparo», pues «no los aceptaba». Señaló en ese sentido que advirtió de que podrían estar incurriendo en ilegalidad y que la gestión de Vega era «personalista». Sobre el expediente disciplinario que sobre ella pesó por oponerse a los pagos, si bien finalmente no fue abierto sí entendió que «fue para intentar dejar claro quién manda».

Mercedes Traviesa, primero concejala y tesorera y más tarde regidora -una vez que Vega recibió su primera inhabilitación- afirmó que «como alcaldesa devolvió todas las facturas» de los abogados. Indicó asimismo que su firma consta en uno de los documentos porque en aquellas fechas «no estaba el alcalde» y así se lo requirió la secretaria.

Tanto Traviesa como los exconcejales Ángel Collado y Víctor Ibáñez dijeron desconocer la existencia de reparos de la funcionaria. Collado reconoció que hacía «lo que mandaba el alcalde», mismo punto que reiteró Ibáñez: «Nos decía esto, esto y esto. Yo no tengo ni idea». En ambos casos rechazaron haber recibido amenazas.

Como testigos declararon los palistas cuyas defensas asumió presuntamente el Ayuntamiento por decisión del exalcalde, así como el anterior presidente de la Plataforma Pro Derechos de los Ponguetos por el mismo motivo. También como testigo acudió el representante del despacho de abogados Queipo y Riego, la actual secretaria interventora y la alcaldesa, Marta Alonso. La regidora actual afirmó que a su llegada al gobierno, en 2015, «la situación era nefasta tanto económica como administrativamente». Rechazó además tener «animadversión» hacia sus predecesores y dijo no tener constancia de un escrito presentado por Vega en enero de 2020 en el cual, según su defensa, se interesaba por la cantidad a la que ascendía la deuda con el despacho de abogados.

La Fiscalía considera que Cándido Vega, quien gobernó entre 2007 y 2013 tanto bajo las siglas de Foro como de URAS-PAS, cargó al Ayuntamiento pongueto facturas de carácter personal relacionadas con el pago a abogados por un importe de 20.396,95 euros, obviando los reparos de intervención. Por ello, le acusan de prevaricación y malversación de caudales públicos y solicitan cinco años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público durante diez años. Se da la circunstancia de que Vega ya está inhabilitado por irregularidades de su etapa en el gobierno.

Para los exconcejales Víctor Ibáñez y Ángel Collado, el ministerio fiscal pide penas de dos años y medio de prisión y nueve de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita además que Vega indemnice al Ayuntamiento de Ponga con 18.743,75 euros y que los tres abonen también, de forma conjunta y solidaria, 8.993,46 euros, más los intereses legales correspondientes. En el caso de Mercedes Traviesa, la única acusación es la formulada por el Ayuntamiento, que solicita dos años y medio de prisión, además de su inhabilitación.

A falta de una sesión, el juicio quedará visto para sentencia previsiblemente el próximo martes.

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