La batalla política y judicial por el peaje del Huerna tensa la relación del Principado de Asturias con el Gobierno central

La decisión del Ministerio de Transportes supuso un fuerte varapalo para la sociedad asturiana y para el Gobierno del Principado que, sin entrar en desencuentros directos con el departamento que encabeza Óscar Puente, ya dejó claro que no iba a aceptar tal medida de brazos cruzados. El propio presidente del Ejecutivo regional exigió públicamente la revocación de la prórroga tras considerar la Comisión Europa que vulnera la normativa comunitaria, y la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ofreció colaboración al organismo europeo de cara al proceso judicial que podría emprenderse ahora contra el Gobierno central.

Las explicaciones posteriores en una entrevista en EL COMERCIO por parte la propia delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tampoco lograron apaciguar los ánimos. Aunque insistió en que el Gobierno central está en contra del peaje, rechazó el requerimiento de la Comisión Europea al defender que la prórroga del contrato se ajusta a derecho y descartó suprimirlo por razones únicamente políticas. Sus palabras no convencieron ni a partidos, ni a empresarios, ni a sindicatos. Tampoco al Ejecutivo autonómico que, al contrario que el ministerio, da por válido el expediente de Bruselas e insiste en acabar con el peaje.

Barbón ha anunciado una batalla social, jurídica y política y ha prometido que el Ejecutivo será «firme y contundente» para que el peaje «deje de suponer un coste para los bolsillos de los asturianos». Esta ofensiva, que evidentemente tensionará las relaciones con el Gobierno central, aún no se ha concretado en medidas más allá de las anunciadas por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. No obstante, es probable que el presidente autonómico realice algún anuncio hoy durante el debate sobre el estado de la región, donde el jefe del Ejecutivo tiene intención de apelar a la «unidad» para lograr la supresión del cobro de esta tasa en la AP-66.

Y es que aunque en Asturias existe unanimidad total en reclamar la eliminación del peaje, en los últimos días han surgido discrepancias importantes sobre la estrategia a seguir para hacer frente común y tratar de forzar el cambio de criterio por parte del Ministerio de Transportes. Mientras el Gobierno regional apuesta por liderar la lucha a través de la Alianza por las Infraestructuras, que desde hace años recoge esta reivindicación, otros sectores, encabezados por la Cámara de Comercio de Oviedo, abogan por impulsar una plataforma ciudadana. Incluso los sindicatos plantean la necesidad de realizar movilizaciones en la calle.

A la espera de que Adrián Barbón concrete las medidas a adoptar por parte del Principado, todo indica que el peaje podría sumarse a la lista de cuestiones que han ido tensionando la relación entre el Gobierno del Principado y el central. Conflictos que, al mismo tiempo, han servido al presidente asturiano para defenderse de las críticas de sumisión a Pedro Sánchez que le hace la oposición, y que con toda seguridad volverán a escucharse en el debate sobre el estado de la región esta misma semana.

Barbón utilizará, de hecho, su ya anunciada batalla contra el peaje del Huerna para demostrar la autonomía de Asturias frente al Gobierno central, como ya hizo con la defensa del control del lobo en la región y su rechazo a que la especie formara parte del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Pero también, recientemente, con su posición en contra de cualquier modelo de financiación singular para Cataluña que suponga su salida del régimen común.