Políticos, usuarios y empresarios de Asturias exigen cambios en el copago de la dependencia

La ley, aprobada en 2007, dice claramente que las personas con dependencia tienen derecho a servicios (teleasistencia, centros de día, residencia, ayuda a domicilio, asistente personal, cuidador familiar) o prestaciones. Y que el aporte del sistema debe repartirse, al 33%, entre la Administración central, las comunidades y el usuario.

Sin embargo, cumplir, lo que se dice cumplir, la ley no se ha cumplido nunca. El primer gran incumplimiento fue su entrada en vigor. Del 1 de enero de 2007 se pasó al 23 de abril del mismo año. Y eso en Asturias, que fue la primera en ponerla en marcha. Le siguió el retraso en la atención, que supera con creces los seis meses que marca el texto para lograr una ayuda. Tampoco han sido los servicios las ayudas más impulsadas, puesto que su bajo coste convirtió a una figura 'excepcional', la del cuidador familiar, en la mayoritaria.

Y, ahora, «el Supremo ha declarado ilegal el copago, porque no está regulado como una tasa», explica José Manuel Ramírez. El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Derechos Sociales, 'madre' del Observatorio de la Dependencia, tiene claro que el debate no está en aplicarlo o no, sino en legalizarlo. Y critica la opacidad de las comunidades autónomas «No ofrecen datos, así que no se puede saber qué copago aplican». En las cuentas oficiales, las comunidades ofrecen al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) «la inversión conjunta, sin diferenciar cuánto aporta la comunidad y el usuario».

Un estudio realizado en 2016 sobre el copago de la dependencia en toda España sitúa el aporte medio de los beneficiarios en un 52,43% del coste. En la comparativa, Asturias figura como la octava región que más penaliza al usuario, con un aporte del 54,46%. La región 'mas barata' para recibir una ayuda a la dependencia era, en aquel momento, Cantabria: el usuario aportaba el 46% del coste.

Un usuario que considera el copago «injusto», por lo que exige «que se elimine». Así lo explica Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión, entidad que aglutina a una treintena de asociaciones de personas con discapacidad. «Genera desigualdad en el acceso a los servicios y reduce la calidad de vida del usuario y de sus familias». ¿Por qué? «Porque para calcular el copago, el Principado tiene en cuenta no solo los ingresos del beneficiario, sino de toda su unidad familiar, así como el patrimonio familiar. Así, tenemos a personas a las que les quedan poco más de 100 euros para todo el mes».

La fórmula que aplica el principado para calcular el copago es la capacidad económica del usuario y su patrimonio. Y pone un ejemplo: para alguien que reciba una pensión de 1.200 euros al mes y tenga un patrimonio de 90.000 euros, el coste de una plaza residencial llega a 1.700 euros al mes.

Recuerda ella que «hay un sobreesfuerzo económico para buena parte de las familias en las que uno de sus miembros tiene discapacidad intelectual. Y todavía más en aquellas con personas con más necesidades de apoyo. Según un estudio de Plena inclusión y la Universidad de Salamanca, las familias con hijos e hijas con grandes necesidades de apoyo asumen entre 24.000 y 47.000 euros anuales. Esta cifra incluye gastos en salud, educación, atención especializada, adaptaciones en el hogar y otros costes indirectos».

Por ese motivo, exige Plena Inclusión «acceso a viviendas accesibles y asequibles, como condición necesaria para que las personas con discapacidad intelectual puedan vivir de forma autónoma y elegida, fuera de entornos institucionales».

Desde Ascege, la patronal geriátrica con más plazas concertadas, tras la sentencia del Supremo «se evidencia la necesidad de un marco normativo sólido que siempre ha existido».

¿Y qué dicen los políticos? Pues tanto PP como Foro y Convocatoria por Asturias, socio del PSOE en el Gobierno regional, coinciden en el argumento: antes de hablar de cobrar hay que acabar con los retrasos.

Así lo afirma Xabel Vegas. «Para IU Convocatoria por Asturias, en vez de hablar de pagar más, tendríamos que hablar de cómo ofrecer mejores servicios y en todo caso de reducir o eliminar copagos, ese debe ser el objetivo de una reforma del sistema». En su opinión, «cuando las personas en situación de dependencia tienen que esperar meses hasta recibir los servicios y las prestaciones, lo que se necesita es dar respuestas para mejorar la agilidad en la atención»,

Deja claro Vegas que «en IU Convocatoria defendemos unos servicios públicos de calidad, y para eso reclamamos una fiscalidad más progresiva, ambas cuestiones incluidas como parte de los acuerdos y objetivos del Gobierno de unidad progresista de Asturias».

Al presidente del Principado se dirige directamente el PP. «Exigimos a Barbón que cumpla con los plazos y evite que sigan muriendo asturianos a la espera de ayudas». Así lo afirma la diputada del PP Beatriz Polledo, quien cree que «la hipocresía de este gobierno no tiene límites, hablando de copago sin tapujos, con un afán recaudatorio que supone un abuso para todas las personas dependientes». Pide la diputada: «un sistema justo, sostenible que sea universal y gratuito». Para ello, dice, «necesitamos que el Gobierno de Pedro Sánchez salde la deuda histórica de la dependencia con Asturias, que se introduzcan las reformas necesarias para que el esfuerzo económico no recaiga en los usuarios más vulnerables y por último, acabar con el caos de gestión que reina en la consejería».

En cuanto al portavoz de Foro, Adrián Pumares, explica que «el problema de fondo no es si debe existir o no copago, que la propia Ley de la Dependencia ya contempla, sino que el modelo de financiación de la dependencia es insuficiente, profundamente desigual entre comunidades y se ha visto ahora cuestionado jurídicamente por una sentencia del Tribunal Supremo». Cree él que «necesitamos es una reforma seria, consensuada y estable del sistema. Es esencial que se garantice seguridad jurídica». En su opinión, «el debate sobre el copago en los servicios de atención a mayores y personas dependientes no se puede abordar a golpe de titulares ni desde ocurrencias improvisadas».

Y avisa «Foro no aceptará ningún cambio que suponga cargar más peso económico sobre las familias con rentas medias y bajas, que ya soportan un sistema que llega tarde, llega mal y que en demasiadas ocasiones obliga a elegir entre su economía y el cuidado de un familiar. No es serio hablar de nuevos copagos cuando hay miles de asturianos con derecho reconocido que siguen esperando por una ayuda o un servicio. Antes de hablar de si los usuarios deben pagar más o menos, hay que hablar de si las administraciones van a cumplir con su obligación de financiar de manera suficiente el sistema o pretenden que el copago traslade los costes a quienes menos pueden asumirlos».