Asturias pide un acuerdo estatal sobre el copago en el sistema de cuidados a mayores y dependientes

Si el miércoles se habló de las políticas internacionales, recordó el conductor del congreso, Pachi Poncela, «el jueves toca mirar hacia España». Así, la primera cita de la mañana fue la mesa redonda entre diferentes comunidades autónomas sobre la economía plateada. Junto a Del Arco estuvieron Javier Pérez, viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha; María Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales, Economía y Empleo de Navarra; Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco; y Fabiola García, consejera de Política Social e Igualdad de Galicia.

Y todos coincidieron en que la sostenibilidad del sistema «pasa por un nuevo modelo de financiación». Durante más de hora y media, los cinco representantes, cuyas intervenciones fueron moderadas por Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, dejaron claro que, fuera del ruido político que hay dentro de la M30 madrileña, el acuerdo entre comunidades con diferentes gobiernos es posible.

Más financiación pidió, como Asturias, el consejero de Castilla-La Mancha y la de Navarra, ambos de gobiernos socialistas; pero también hizo lo mismo la consejera vasca, del PNV, y la gallega, integrante del equipo de gobierno del líder del PP Alfonso Rueda.

Porque, como dijo el manchego Javier Pérez, «el reto de España es que se enfrenta a 6,5 millones de personas potencialmente dependientes frente a los 1,6 millones actuales». El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), lleva tiempo advirtiendo de que la cifra de beneficiarios reales de la Ley de la Dependencia es muy inferior a la de personas potencialmente dependientes.

En Asturias, hay 34.063 personas que tienen una ayuda con cargo a esa ley, ya sea para pagarse ayuda a domicilio, una plaza en un centro de día o en un geriátrico, o para contar con un cuidador, tanto familiar (el mayoritario y más barato) como profesional. Para el Imserso, la cifra real de asturianos que pueden necesitar ayudas con cargo a la Ley supera las 187.000.

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha no sólo advirtió sobre el incremento en la cifra de personas que necesitarán apoyos, sino, también, que «el copago en este país no se ha resuelto y sigue sin resolverse con la sentencia del Supremo que puede poner patas arriba todo el sistema de participación económica en todo el país».

Se refiere al fallo en el que considera que el copago fijado en la Ley de la Dependencia, de forma que Estado, autonomías y beneficiarios deben aportar un 33% del coste total, «es una tasa y no un precio público». Es decir, que «no sirven los decretos de las comunidades autónomas» para obligar a pagar, sino que se necesita una nueva ley.

Ante ello, la consejera Marta del Arco defiende que haya una «homogeneización y un acuerdo estatal en torno al copago» en los cuidados a mayores y dependentes.

Desde Galicia, Fabiola García, consejera de Política Social e Igualdad asegura que «necesitamos una mayor financiación autonómica, tanto a través de la Ley de la Dependencia como de la regular. Ninguna estamos holgadas en financiación». Debido a que, como apuntó Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del País Vasco, «lo que aporta el Estado no cubre ni el 35% del coste de la plaza geriátrica».