El Principado promete acabar en un año con la lista de espera de la Dependencia y del salario social

Acabar en un año con la lista de espera relacionada con las ayudas a la dependencia y el salario social , para dar cobertura lo antes posible a las personas que solicitan alguna de estas prestaciones. Este es el compromiso que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha asumido esta mañana durante su comparecencia en la Junta General. La titular del área ha reconocido retrasos en la tramitación administrativa y ha pedido disculpas a la ciudadanía. «En política, como en la vida, es bueno pedir disculpas, y hoy quiero hacerlo por la demora en las valoraciones de la dependencia y en la gestión del salario social», ha señalado.

En comisión parlamentaria, Álvarez ha presentado el programa de gobierno de su Consejería y ha detallado las medidas que llevarán a cabo para reducir las esperas. Actuaciones que incluyen la puesta en marcha de un plan de choque «a dos años, en el que se incluyen medidas a corto medio y largo plazo con el fin de simplificar la tramitación y evitar duplicidades.

Entre las medidas anunciadas el desarrollo durante este mandato se desarrollará la Ley Integral de Personas Mayores, orientada a mejorar su calidad de vida, facilitar su atención sociosanitaria, su participación social y su acceso a la cultura. «No se puede gobernar de espaldas a un colectivo que representa más del 25% de la población asturiana», ha advertido.

En relación con la atención a mayores, ha anunciado cambios en la estructura del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), que incorpora una nueva área asistencial centrada en la calidad, la seguridad y la atención sociosanitaria. Entre otras cosas, «se habilitarán 66 plazas más en el Centro Polivalente de Recursos del Naranco, lo que implicará un incremento en el número de personal contratado, y estas plazas se sumarán a las 120 previstas en al Centro Residencial de Lugones».

Por otro lado, la consejera ha destacado que «Asturias es la tercera región con mayor cobertura de rentas mínimas en el Estado español solo por detrás de País Vasco y Navarra». En este sentido, el gran reto de la presente legislatura es el blindaje de ambos derechos mediante la aprobación del proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que llevará al Parlamento en el primer periodo de sesiones. Esta iniciativa permitirá consolidar y mejorar el salario social básico, una prestación que presenta un importante volumen de de trabajo «más de 1800 personas que cada mes comunican variaciones en su situación».

Las prioridades en materia de vivienda se centrarán en la lucha contra la exclusión residencial, para lo que Derechos Sociales trabajará en colaboración con los ayuntamientos. El principal objetivo es cubrir las necesidades de los colectivos de emergencia social e implantar modelos innovadores como el Housing first (viviendas para personas que viven en la calle), favorecer el acceso a la vivienda a precios asequibles y ayudar a emanciparse a la población menor de 35 años.

En este ámbito, Álvarez señaló que Asturias es la segunda comunidad autónoma que más vivienda pública tiene en alquiler por habitante, en concreto, 9.720 viviendas con una renta media mensual de unos 83 euros. En lo referente a la sociedad se destaca «el notable incremento producido en la solicitud de ayudas en los últimos años, pasando de 2.867 en 2013 a 13.345 en 2018», indicó.

Antes de que finalice el año, también se presentará la Estrategia de atención a personas con diversidad funcional, que defiende un nuevo modelo de atención basado en la persona. «No escatimaremos esfuerzos en este ámbito», ha afirmado la consejera.

El Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias reforzará los programas de acogimiento temporal y permanente de menores de 0 a 3 y de 4 a 6 años. En el mismo sentido, se reforzarán los programas de transición, para favorecer la incorporación de menores tutelados a la vida autónoma.

La consejera ha informado de que su departamento trabaja en el desarrollo de la Ley de Acción Concertada con entidades de iniciativa social y de que ya se han sentado las bases para avanzar en la definición de una Estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión. Asimismo, se ha comprometido a abordar la reforma de la Ley de Servicios Sociales.

Álvarez ha añadido que uno de sus principales propósitos será hacer más comprensible y sencilla la terminología de los expedientes, de modo que la ciudadanía pueda entender sin dificultad el lenguaje ante cualquier trámite. Se trata de apostar por la lectura fácil y mejorar los canales de comunicación con la población.