El Principado de Asturias deberá incluir el impacto demográfico en sus decretos y planes

La resolución, publicada ayer en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y que entrará mañana en vigor, se enmarca en el desarrollo normativo de Ley de Impulso Demográfico. El objetivo pasa por garantizar que ninguna norma agrave las desigualdades entre territorios, sino todo lo contrario, que contribuya a frenar la pérdida de población y fortalezca la cohesión territorial.

Esta nueva herramienta será de carácter obligatorio. Con ella, apunta el Principado, permitirá detectar desde el primer momento si una norma afecta de forma diferente a los concejos con problemas de despoblación, envejecimiento o pérdida de servicios.

«Ninguna norma ni plan podrá elaborarse sin tener en cuenta cómo afecta a las personas que viven en los concejos más afectados por la despoblación. Es una medida que fortalece la justicia territorial y que refuerza nuestro compromiso con un futuro sostenible para toda Asturias, se resida donde se resida», afirmó el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño.

Los propios órganos que promuevan la norma deberán elaborar también los informes de impacto, siguiendo un modelo común que evalúa el contexto demográfico, su alineación con la estrategia autonómica frente a la despoblación y la previsible repercusión de las medidas. Además, se clasificará esa incidencia como positiva, negativa o neutra, y se propondrán mejoras cuando sea necesario.

La metodología se basa en el marco legal que constituyen la Ley de Impulso Demográfico y el decreto de zonificación aprobado este año, que identifica los concejos con especiales dificultades y establece un indicador sintético de estado demográfico.