El Principado de Asturias permitió en 2023 volver a la mina de Cerredo 21 días después de descubrir la galería ilegal del carbón

Investigar el caso obliga a componer un puzzle de papeles, fotografías y entrevistas donde se repiten actividades clandestinas, permisos dados en condiciones favorables y avisos sin atender. Cada paso lleva a nuevas anomalías y hoy nos detendremos en dos: en 2022 un testigo aseguró a la Guardia Civil que en Cerredo había una explotación ilegal de carbón y facilitó nombres y teléfonos de los trabajadores que la ejecutaban; al menos dos de ellos figuran ahora entre las víctimas del accidente del pasado marzo. En 2023 un jefe de sección del Principado autorizó a la empresa a retomar su actividad en Cerredo y lo hizo 21 días después de haber descubierto con sus propios ojos lo que era el taller de explotación clandestino que había permanecido convenientemente oculto. Por partes.

El 26 de octubre de 2021, en un despacho de la avenida de Galicia (Oviedo) el grupo empresarial formaliza la compra de la mina y sus naves por 975.000 euros, bajo su sociedad Combayl. En ese momento el Principado está avanzando el proyecto para rehabilitar las 660 hectáreas aprovechando el dinero del Plan de Recuperación. La idea era revegetarlo todo, así que la llegada de un inversor que quiere aprovechar parte de las instalaciones trastoca la planificación. La restauración está previsto que comience en el cielo abierto (piso sexto), y luego vaya descendiendo hasta el pueblo. El ayuntamiento tiene interés en que las naves más próximas al núcleo urbano se preserven, para disponer así de cierto espacio industrial. Toca a las partes sentarse a negociar qué se salva, cuál es la fianza para garantizar su futura restauración y modificar el proyecto de rehabilitación en curso. A la consejería le interesa que el propietario facilite el trasiego de máquinas; al empresario que le vayan dejando hacer. En noviembre contrata a los primeros trabajadores; por entonces se limita a aprovechar la maquinaria obsoleta y los vehículos que quedaron en las naves, también revende los acopios de carbón del exterior, pero tiene planes más ambiciosos.

El 21 de junio de 2022, cuando ya lleva más de medio año de actividad, llega a las instalaciones el primer actuario del Principado. El director facultativo comunica que tienen intención de solicitar un Proyecto de Investigación Complementario (PIC) para sacar carbón del interior; el funcionario le recuerda que los trabajos de restauración son incompatibles con una explotación de carbón. En su recorrido a la mina no detecta nada extraño. Algo se le pasa.

El 25 de agosto ocurre el primer accidente mortal. E. R. M. conducía un dúmper Case 330, camión de casi diez metros de largo y 3,5 de alto, que se mueve a menos de 50 kilómetros por hora pero es capaz de transportar hasta 13 toneladas. Va cargado con más de diez de carbón procedente del sexto piso y, cuesta abajo falla, coge velocidad, ni frena ni arranca. R. D. S., el copiloto, salta en marcha y muere en la caída. El conductor hace lo propio y se rompe la pierna.

La Guardia Civil interrogará a 'Chus Mirantes', a su hijo Adrián Rodríguez, y a los trabajadores que la empresa dice que estaban ese día ahí. Casi todos aseguran que no saben qué hacían las víctimas en ese vehículo, que había orden de no tocarlo, que ignoran de dónde surgió el carbón con el que bajaban. El superviviente, su mujer y otro empleado oponen que desde hace meses había una explotación ilegal en el piso sexto y que cada día el dúmper bajaba lo extraído. Dan cinco nombres de los mineros que estaban sacando carbón, precisando quién ejercía de jefe, quién de picador y cuál ha sido el último en llegar. Hay «otros tres o cuatro» de los que ignoran la identidad. Para ayudar a dar con ellos, facilitan el teléfono de ellos. Los agentes se entrevistan con uno, que lo niega todo.

El pasado 31 de marzo una explosión mató a cinco trabajadores y dejó heridos a cuatro. Al menos dos de esas víctimas coinciden con los que, hace tres años, se aseguró ya estaban extrayendo carbón de forma clandestina.

Hablan, bajo anonimato, vecinos e implicados del suceso de 2022: «A la mina se empezó a entrar alrededor de marzo, primero para limpiar, por eso se subió un camión cargado de madera. Luego desde mayo ya se estaba picando carbón. Cuando llegaron los ingenieros de Tragsa –la empresa pública que ejecuta las obras de restauración– dijeron que qué hacíamos ahí, que no podíamos estar trabajando en esa zona. Se sacaban unas 20 toneladas diarias tranquilamente, y de aquella el carbón estaba a 500 euros la tonelada. Cuando Minas avisaba de que vendría a hacer una inspección, se decía al relevo que ese día no fueran, o que se quedaran lejos, escondidos».

La investigación de la Guardia Civil se centra en el vehículo y la situación legal del mismo y los trabajadores, orillando la explotación clandestina de carbón. De ese hilo sí tirará el Servicio de Minas.

Tras el accidente mortal, por imperativo legal, el Principado suspende la actividad en el lugar. El 22 de septiembre pasan dos funcionarios a verificar que se cumple la medida. Han avisado previamente y van junto al director facultativo de Combayl. El acta refleja que revisan «la totalidad de las galerías que conforman ese piso sexto, excepto la primera guía, puesto que a unos quince metros del cruce se observa un hundimiento que interrumpe el paso, lo que puede comprometer la seguridad de las personas».

La cosa podía haber quedado ahí, pero el jefe de servicio de Minas solicita el 8 de marzo de 2023 a la Brigada Central de Salvamento Minero que ayude a ver lo oculto. El día 20 de ese mes acuden, junto al director facultativo y el jefe de sección. El derrumbe es de cinco metros, y junto a él hay cuadros, costeros y materiales de entibación. La Brigada habilita un paso seguro y encuentran «una guía en perfecto estado y con la presencia de antiguos minados ya explotados tanto en los márgenes derechos, como izquierdos». Seguirán avanzando, 482 metros, y ahí dan con el frente de labores: «En sus inmediaciones hay útiles empleados tanto para la cargue del carbón (...) así como maderas, chapas de bajada y bolsas de explosivos». Detectan «lo que se podría definir como el acceso a una explotación o chimenea».

El jefe de servicio concluye por las fotos y el informe que allí había «un pozo con mecanismo de carga para vagones y calle auxiliar para circulación de personas y materiales» y a seis metros otro «con compuerta de carga instalada y sin acceso para el personal». Describe ocho calles posteadas y cuatro activas. Localizan una red de aire comprimido, materiales de perforación y comunicación y concluye que todo eso es «un taller de explotación sobre la Capa Bienvenida», con infraestructura para «un uso habitual». Determina que, en efecto, había una explotación ilegal de carbón.

Lo raro, lo extraño, son las consecuencias del hallazago. El 11 de abril, 21 días después de acompañar a la Brigada y descubrir la galería oculta, el mismo jefe de sección vuelve a Cerredo y junto al director facultativo comprueba que tiene la documentación requerida y ha tomado las medidas solicitadas tras el accidente, con lo que levanta la paralización de la actividad. La empresa puede ya volver a trabajar.

Aún más. El 4 de mayo, en la comisión de seguridad minera a los sindicatos se les informa que el dúmper estaba averiado y hay un encedido debate entre SOMA y CCOO sobre si la explotación debe ser cerrada o suspendida la empresa. Según el acta de la reunión, el mismo jefe de sección asegura a los presentes que la mina está paralizada, omitiendo que ya había dado permiso para reactivarla.

De los expedientes abiertos por el accidente de 2022, la empresa solo ha pagado una multa de 12.000 euros.