La licencia que Minas concedió a Blue Solving para sacar carbón en Cerredo era más ventajosa que la que se dio a otra empresa

Él mismo pudo impulsarlo todo en libertad y con posibles, gracias en parte a que dormía en el cajón una petición de la Fiscalía de diez años de cárcel y 13 millones de multa. En 2014 fue detenido acusado de formar parte de una red que introdujo 390 kilos de cocaína por el puerto de Gijón. Sólo ahora la Audiencia Provincial de Alicante ha reactivado un proceso que arrastra unas dilaciones indebidas tan acusadas que las defensas las están utilizando para evitar el reingreso en prisión de sus clientes.

Los Rodríguez aparecen en la historia de Cerredo el 17 de junio de 2021, cuando la mujer de 'Chus Mirantes' remite al Juzgado de lo Mercantil una oferta de 975.000 euros para hacerse con los bienes, derechos y chatarra de la mina. Lo hace como administradora de Combayl; él arrastra una condena que le impide estar en los papeles, pero es quien manda. La suya es la propuesta más alta para hacerse con los activos de Compañía Minera Astur Leonesa y el juez se los concede.

Al enterarse el Instituto para la Transición Justa (ITJ) remite una carta al juzgado, avisando de que adjudicar la explotación «incumpliría lo dispuesto en la normativa comunitaria». Astur Leonesa había cobrado 6,2 millones en ayudas para cerrar la mina. «En caso de que no se produzca el cierre efectivo de dicha explotación, se considerará que dichas ayudas son incompatibles con el mercado interior y que, por tanto, el beneficiario estará obligado a la devolución de las ayudas», indica. Hay que subrayar que esa consecuencia pesa sobre el «beneficiario» de la ayuda, de ahí que el reintegro perjudicaría a «la posición de los acreedores» de Astur Leonesa. La venta «generaría un perjuicio a los acreedores» de la misma, señala un aviso que en ningún momento traslada esa obligación a Combayl.

Al firmar la escritura de compraventa el notario sí advierte al comprador, que «asume, formal y expresamente (...) todas y cada una de las obligaciones» del plan de cierre y abandono.

Siguiendo ese marco jurídico, Combayl logra un primer permiso del Principado, para retirar chatarra de dentro de la mina, pero no es ese su objetivo real. Tal y como desveló EL COMERCIO, en junio de 2022, durante una inspección, el director facultativo dice al funcionario que «habiendo detectado materiales susceptibles de coquizar» está valorando «la presentación de un Proyecto de Investigación Complementario (PIC)». El actuario recuerda que con dinero de la UE se ha iniciado la restauración de la mina y que una de las condiciones de esa ayuda es que «desde la concesión» de la misma «quedará prohibida cualquier actividad de extracción del carbón en los terrenos rehabilitados»; que, a su juicio, aunque se ha empezado por la parte a cielo abierto, hay una «íntima relación» con los pisos que tiene por debajo.

Hubo esa resistencia y luego un accidente mortal en agosto de 2022. Hubo a raíz de esa tragedia un expediente por falta muy grave, calificación que faculta a Minas a la «clausura definitiva de la explotación». Todo pudo ser distinto. En su lugar la instructora, que apreció el «agravante de intencionalidad», dejó el castigo en 300.000 euros, la franja media de lo que podía imponer. La multa no se pagó. Al existir una causa judicial por el accidente aún activa, la propia consejería tomó la iniciativa para dejar la multa en suspenso.

Para 'limpiar' el proyecto, retomar la actividad y volver a pedir el PIC, los Rodríguez pasaron los activos de Cerredo a Blue Solving y con esa nueva tarjeta volvieron a un Servicio de Minas que fue consciente de la jugada pero dejó hacer. El último director facultativo de Combayl es el de Blue. En el expediente sancionador a Combayl se personó Blue como interesado.

La familia tiene el aval de la consejería para lograr ayudas del ITJ para levantar dos naves y para más. El 5 de junio pasado la nueva marca de los Rodríguez solicita a la Dirección General de Energía y Minas la aprobación de su PIC. La obtiene en solo 33 días. El permiso tiene una validez de 24 meses y permite extraer 60.000 toneladas de «materiales carbonosos». Solo hay dos requerimientos específicos: presentar un plan de labores para activar el permiso y no comercializar el producto salvo para la prueba industrial que se proponía hacer.

Se trata de unas condiciones más favorables que el anterior PIC tramitado por la consejería, a Tyc Narcea, en 2021. En ese caso mediaron 79 días entre la petición y la aprobación, el permiso era solo por seis meses, las cantidades no debían pasar de las 30.000 toneladas y la lista de requerimientos para activar la licencia era amplia. Hasta diez proyectos, planos, autorizaciones y certificados se solicitaban.

Ni la Ley de Minas, ni el Reglamento General para el Régimen de la Minería especifican qué es un «proyecto de investigación complementaria», sus limites ni su tramitación. La ley solo entiende de permisos de explotación, investigación y explotación. Las resoluciones de los PIC 'picotean' de distintos preceptos, apoyándose «por analogía» en parte de lo previsto para los permisos de investigación.

«Seguramente en algún momento alguien de la consejería encontró un resquicio legal», explica un profesional del sector. En el Boletín Oficial del Principado, en efecto, hay 27 anuncios de varios PIC desde 2006, y eso que solo se publican los que tienen incidencia ambiental. Se trata pues de una fórmula habitual en la casa. «Esto es un fraude; sacar esas cantidades equivalen a tener un permiso de explotación pequeño, pero la tramitación de uno de explotación es más larga y pasa por información pública», señala Ignacio Martínez, ingeniero técnico de minería.

Entre año y medio y dos años precisa el permiso de explotación. Frente a ello el PIC se vuelve una vía rápida para empezar a extraer, que libra al promotor del ruido social que da la información pública, y que, todo indica, es una 'vía exprés' exclusivamente asturiana. Según confirma el Servicio de Minas de la Junta de Castilla y León, tras revisar sus archivos «no constan otorgamientos de Proyectos de Investigación complementarios» al menos en los últimos cinco años.