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La Audiencia Nacional tiene abierto un procedimiento en el que, una de las cuestiones principales a analizar, será si una serie de informes que el ... Servicio de Minas emitió en relación a la mina de Cerredo en 2020 cumplen la legalidad. Los dictámenes que entonces emitió empujaron al Instituto para la Transición Justa (ITJ) a denegar el acceso a la prejubilación a 13 trabajadores de la explotación. En 2021 esos afectados interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la medida, estando aún pendientes de sentencia.
Los extrabajadores dan ahora el paso de contar su historia con un objetivo: «Hemos leído que la comisión de la Junta General para investigar el accidente mortal analizará las decisiones de Minas solo a partir de la llegada de Combayl, en 2021, pero creemos que justo antes nosotros fuimos víctimas de una actuación arbitraria, contradictoria con lo que hemos visto después, y que puede estar relacionada con interés del Principado por mantener activo el pozo», dice un portavoz.
El asunto es controvertido. Un Real Decreto-Ley de 2018 permitía a las empresas mineras solicitar que se financiara la prejubilación de sus trabajadores si cumplían determinadas condiciones, entre las que estaba tener contrato indefinido a mediados de 2018 y alcanzar los 48 años o equivalente (aplicando el coeficiente reductor).
Cerredo estuvo en manos de la Compañía Minera Asturleonesa de Rodolfo Cachero, hasta que entró en concurso de acreedores en 2017. El administrador concursal asumió la gestión de una sociedad asfixiada económicamente y entre 2019 y 2020 fue solicitando la ayuda para prejubilar a 13 trabajadores según iban alcanzando la edad en la que ya cumplían ese requisito.
El ITJ reconoció que «en principio, la empresa podría ser beneficiaria y los trabajadores perceptores de las prestaciones», pero solicitó al Principado que verificara si el administrador y los empleados cumplían con una condición específica del real decreto-ley: que la función de los empleados fuera realizar «labores de cierre y rehabilitación del espacio afectado por el cierre de la mina».
Ahí es cuando el Servicio de Minas fue «extremadamente celoso», sostiene Francisco Javier Solana, letrado que representa a los afectados. «En 2018 no hizo ninguna inspección para comprobar nada, en diciembre de 2019 una y en 2020 hizo seis», recuerda un extrabajador.
En esas visitas el actuario deja constancia de que la actividad está paralizada por la situación concursal; se requiere al administrador que nombre director facultativo al darse de baja el anterior, se constata cómo se ha ido sacando maquinaria del interior de la mina para su venta o reutilización, retirando cableado eléctrico del interior, tomado medidas para impedir que se repitan robos, llevando a cabo labores de vigilancia. Minas pide una y otra vez al representante de la empresa que avance en la restauración y presente proyectos.
Llegado el momento de informar al ITJ, Minas dice que «en rigor» todo lo anterior a noviembre de 2019 no podía considerarse labores de cierre, porque el proyecto que lo detalla para todo el Grupo Cerredo recibió su visto bueno unas semanas antes. Se da la circunstancia de que, según los afectados, en 2015 sí se aprobó un plan de cierre para una de las tres unidades que componían el Grupo Cerredo, la de Coto, a la que ellos estaban adscritos. Minas también se negó a dar como labor de cierre lo que venían haciendo los trabajadores en 2020.
En base a esa valoración, el ITJ acordó denegar las ayudas a los trabajadores. A su favor los afectados han presentado ante la Audiencia Nacional un informe pericial de la Universidad de León sosteniendo que las labores descritas en las inspecciones son compatibles con las de restauración. «Nosotros hacíamos lo que nos decía la empresa y el actuario, que casualmente cuando la mina sale a subasta pujó con una sociedad, pero finalmente la subasta se la llevó Combayl», señala uno de los afectados.
«Minas se enrocó en escribir con renglones torcidos», valora Francisco Javier Solana. «Si lo que pretendía era implicar al administrador concursal para que hiciera la restauración estaba cayendo en el absurdo, la sociedad estaba en concurso y no tenía capacidad económica para hacer mucho más», agrega.
Los afectados sospechan más. «Fue un celo extrañísimo, deberían revisar desde 2018, cuando se supone que todo debía cerrarse porque, visto con perspectiva, parece que Minas pretendía que en los papeles no quedara acreditado que Cerredo avanzaba en su cierre, dejando así margen para la actividad que luego facilitó».
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