El Principado defiende la Ley Simplifica como «clave» para reducir la burocracia mientras la oposición la ve «insuficiente»

Entre las novedades que incluye la ley, la consejera quiso destacar durante su comparecencia las siguientes:

-La solicitud y concesión de ayudas públicas durante los 365 días del año.-El refuerzo del principio de «una única vez» a través de la Administración digital, que reduce el papeleo.

-La regulación de la figura de los agentes habilitados, que podrán realizar trámites en nombre de otras personas.

-Avances en la automatización de gestiones y el uso de la inteligencia artificial, siempre con control humano y responsabilidad de gestión.

-Medidas para dar nuevos usos, compatibles y respetuosos, a inmuebles como hórreos, paneras y calabozos.

Tras un largo debate, los grupos parlamentarios trasladaron su posicionamiento. El texto no parece convencer al principal partido de la oposición, quien lo ve como una mera adaptación a la normativa estatal de 2015 y que, afeó, «han querido vender como novedad». El popular José Agustín-Cuevas Mons cree que es «insuficiente» porque no fija plazos máximos para el cumplimiento de los trámites y porque, bajo su punto de vista, abarca aspectos «muy concretos». El diputado popular reprochó a Llamedo que insinuara en su comparecencia que la oposición iba a poner «palos en las ruedas» cuando la tramitación parlamentaria acaba de comenzar y existe margen para incorporar enmiendas. También el diputado de Foro, Adrián Pumares, dijo «recoger el guante» de la vicepresidenta para proponer mejoras con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación de esta ley, al lamentar que «no menciona» sectores como el de la industria, el turismo, la sanidad y la vivienda que, a juicio de Pumares, están especialmente afectados por el exceso de burocracia administrativa.

La diputada de Vox Sara Álvarez Rouco fue especialmente crítica al entender que el proyecto de ley es «una oportunidad perdida» para conseguir una administración más eficaz y que reduzca el «choque» que supone, señaló, iniciar una actividad empresarial en esta región. «No es una ley de simplificación sino de procedimientos administrativos», resumió.

Los grupos que sustentan el Gobierno fueron, como no podía ser de otra manera, mucho menos críticos. Especialmente el PSOE que, a través de su diputado Ricardo Fernández, defendió la nueva ley como una «herramienta» para «reformar y actualizar la administración», si bien reconoció que «no hay varitas mágicas». Igual que hiciera Llamedo, Fernández instó a los grupos a participar en el proceso para mejorar el texto mediante el diálogo. Y así tiene intención de hacerlo su socio de Gobierno, IU-Convocatoria por Asturies, que aunque ya ha avanzado su apoyo a la norma ha querido realizar varias reflexiones. «La simplificación no puede ser sinónimo de desregulación. La agilización de los trámites es deseable, pero no puede convertirse en un pretexto para rebajar controles esenciales en materias sensibles», advirtió Xabel Vegas. «No todo vale en nombre de la agilidad», añadió el diputado de IU, quien instó a «acotar» los ámbitos en los que poder aplicar la declaración responsable. También compartió Vegas la preocupación de su grupo en relación con la participación de «entidades colaboradoras de certificación» y sus dudas sobre su falta de independencia. Y abundó, igual que hicieron otros grupos, en que esta ley debe tener en cuenta la brecha digital y las desigualdades de acceso a las herramientas tecnológicas «para que nadie se quede atrás».