El Principado intenta sacar al director de Blue Solving de la comisión de seguridad
La jueza que investiga el accidente mortal exige una fianza de 3.000 euros a los sindicatos que quieran personarse y les insta a compartir letrado
La Consejería de Ciencia e Industria mueve ficha para superar una anomalía en la comisión de seguridad minera. Este foro reúne a sindicatos, empresas, técnicos ... y a la propia consejería para revisar los informes que hace el Servicio de Minas sobre los accidentes. Ahí, el vocal del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía era José Antonio Fernández Casillas, director facultativo, al menos desde 2023, de Blue Solving, la empresa propietaria de la mina de Cerredo donde fallecieron en marzo pasado cinco mineros.
La legislación en vigor establece que el director facultativo de una mina es «el técnico competente y la persona que se hace cargo de los aspectos de seguridad de la actividad mediante la supervisión del funcionamiento de los lugares de trabajo». De esta forma se corría el riesgo de que uno de los máximos responsables de la seguridad de la mina de Cerredo fuera, a su vez, el encargado de supervisar la investigación que sobre el siniestro tiene que hacer el Principado.
Para evitar esa situación el 19 de mayo la consejería envió un escrito a cada institución presente en la comisión solicitando que confirmara quién será su vocal en adelante. Una manera educada de invitar al colegio oficial a plantear otro nombre. Según el decreto que regula la comisión, el nombramiento de los vocales lo hace el consejero «a propuesta del organismo, sector o entidad a la que represente, siendo de duración indefinida el mandato». El cese solo puede ser por renuncia o revocación de la entidad que los propuso. Es decir, el decreto no prevé mecanismo alguno para apartar a un vocal implicado en los asuntos a tratar.
Acusaciones particulares
Por otra parte la jueza al cargo de la investigación penal, a propuesta del fiscal, ha optado por limitar el radio de acción de las acusaciones populares. SOMA y CC OO habían anunciado su intención de personarse en la causa en esa condición, y otros colectivos valoran seguirles en esos pasos. Según las fuentes judiciales consultadas el criterio de la instructora es que quien quiera ser acusación popular deba depositar una fianza de 3.000 euros, presentar querella y solo se admitirá un letrado en representación de todos. El abogado será el que nombre la primera acusación popular que cubra esos trámites; los que vengan detrás deberán entenderse con él.
Fade se suma al frente que urge resolver la paralización de Tyc
María Calvo, presidenta de la Federación asturiana de empresarios (Fade), solicitó ayer al Principado que resuelva la situación de la mina de Vega de Rengos, que explota Tyc Narcea, «con la máxima celeridad». A principios de abril los responsables de minería de la consejería paralizaron el permiso de la actividad para verificar la legalidad de la misma. «La documentación requerida por el Principado ya ha sido entregada», indica el comunicado de Fade. Anteriormente SOMA, CC OO y la Cámara de Comercio de Oviedo ya habían reclamado lo mismo.
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