El Principado recortó un 27% el personal de Seguridad Minera antes del accidente de Cerredo

José Manuel Embil Fanjul lleva casi 25 años en el Principado y todos le llaman «Embil», confió. «Tengo el honor de haber sido el último jefe de servicio de Seguridad Minera en esta Administración», dijo, poniendo sobre la mesa un tema clave.

En 2019 llegó Adrián Barbón a la Presidencia del Principado y Enrique Fernández se hizo con la Consejería de Industria. Ambos firmaron un decreto de estructura rompedora. Hasta entonces Seguridad Minera era un servicio independiente y Promoción y Desarrollo Minero otro. El nuevo Ejecutivo los fusionó en un mismo servicio, rebajando la categoría del equipo de Seguridad Minera al de sección.

La decisión soliviantó a SOMA y CC OO, que pusieron el grito en el cielo en la siguiente comisión de seguridad minera. En ella, la entonces directora general, Belarmina Díaz, y el jefe de servicio, Santiago Berjano, adujeron que «la reestructuración orgánica de las diferentes consejerías, incluida la que ostenta las competencias en materia de minería, les vino dada». Tal y como ya reveló EL COMERCIO, la promesa que dejó entonces Díaz es que los cambios no mermarían el trabajo de inspección.

El caso es que el Ejecutivo anterior, el de Javier Fernández, había dejado encomendada a Inspección General de Servicios que auditara a Seguridad Minera. Ese dictamen se cerró en 2020, cuando el departamento ya había sido degradado, y deduce que aquella medida se debió tomar por «razones de estrategia económica» puesto que la primera consecuencia fue la de amortizar una plaza, la que de jefe de servicio que ocupaba Embil Fanjul.

Fue una conclusión prematura. Con el paso del tiempo los recortes fueron a más, según informó ayer el afectado. «Cuando yo era jefe de servicio éramos 22 en total, de ellos 14 ingenieros y ocho de personal administrativo. Ahora somos 16; perdimos a tres ingenieros y a tres administrativos», actualizó. Es decir, la merma de efectivos es del 27% y, según su versión, se ha producido en un contexto de incremento de la carga de trabajo.

«Cuando yo era jefe de servicio les garantizo que estaba todo el día trabajando, y creo que era necesaria esa figura pero son decisiones que competen al Consejo de Gobierno, no a los funcionarios», indicó. En mayo pasado, cuando este periódico analizó aquella medida desde Presidencia se explicó que «las decisiones de estructura se van tomando según la evolución de los acontecimientos y el criterio de cada consejero para ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía». Ayer fuentes próximas a las reestructuraciones que tuvieron lugar en el Principado en 2019 agregaron que «esos cambios se acometieron en el marco de una reestructuración del conjunto de la administración regional y vinieron impuestos a las diversas consejerías».

Sea como fuere, Embil Fanjul insistió en que a su equipo le perjudicó más la pérdida de efectivos que la degradación jerárquica del mismo. Han venido siendo menos «y aumentó muchísimo la carga de trabajo administrativo, todo lo que tienes que hacer de eso va en detrimento de lo demás», dijo. «Tenemos 120 destinos que vigilar y somos diez colgados que andamos como locos, salimos 400 veces al año a autorizaciones y visitas de inspección». El jefe de sección dijo que están «infradotados» y deslizó que solo ahora «parece» que sus superiores se hacen cargo, pues le han dado dos refuerzos.

También desveló que la jueza que instruye el caso se cuidó de mantener a los técnicos de Minas del Principado lejos. «Hasta el 5 de agosto teníamos prohibido entrar en ninguna de las bocaminas; cuando se levantó la prohibición me acerqué, las de los pisos primero y tercero tenían el candado sin poner, no se si lo quitaría la Guardia Civil».

José Enrique Fidalgo es funcionario e inspector. Lleva 21 años en el sector: «Que yo sepa, es la primera vez que el juzgado prescinde de la autoridad minera» para avanzar en una investigación, agregó. Él está al cargo de las obras de restauración que en el piso sexto de Cerredo avanza Tragsa, con apoyo de fondos de la UE, lo que le ha llevado hasta ese cielo abierto en 30 ocasiones desde 2022. «Me pongo el equipo de protección en la oficina de Tragsa, que está a 150 metros de la zona de carga de Mangueiro, el piso tercero, donde el accidente. Nunca vi movimiento inusual de camiones ni nada raro». Ni él ni la asistencia técnica que visita la zona dos veces por semana ni los vigilantes de Tragsa.

En esta historia «parece que todo el mundo lo sabía todo, pero nadie denunció», expresó el jefe de sección de Investigación y Desarrollo Minero, David Valiño.