Los procesados por el fraude de Educación piden «no ser juzgados dos veces por lo mismo»
La nueva causa por la que se pide sentar en el banquillo a Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez nació de un informe fuera de plazo del Principado
Defensa rápida. Los abogados del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez ... recurren el auto de procesamiento contra sus clientes. La magistrada-juez María Luisa Llaneza les considera responsables de un fraude de 3,76 millones, desviados de la Consejería de Educación en 2009 y 2010 y por el que pide juzgarles. Los cuatro fueron ya condenados en el 'caso Renedo' por hechos similares y se exponen a repetir la experiencia en esta causa paralela.
Varios son los argumentos de los letrados. «Hay expedientes de contratación concretos en este caso que ya fueron vistos en su momento por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo», dicen. «No se puede juzgar a la misma persona dos veces por lo mismo», añaden. Cabe recordar que este segundo proceso nace de un error del Principado: pese a que la oposición le pedía que calculara cuánto dinero se desvió desde Educación, solo accedió a hacer ese chequeo cuando la investigación del 'caso Renedo' ya estaba cerrada.
A consecuencia de ello, con el informe que elaboró se tuvo que iniciar de nuevo una segunda investigación. La tardanza en indagar en Educación perjudicó así al propio Principado (al dificultarle la recuperación del dinero), a la Justicia (que tuvo que ponerse a trabajar de nuevo sobre el asunto) y a los implicados (que ven cómo once años después de su primera detención esta historiavuelve a marcar sus vidas).
Por de pronto, otro razonamiento al que se aferran las defensas recuerda que en este segundo pleito la abogada de Otero, Ana Muñiz, propuso un rosario de interrogatorios y documentos a incorporar, diligencias aceptadas por la magistrada-juez, pero que siguen sin practicarse. «El auto de procesamiento supone que tienes una visión de los indicios reunidos, pero quizás después de hacer esas pruebas cambia la perspectiva», añade un letrado.
Miguel Valdés-Hevia, abogado de Víctor Muñiz, advierte de que «en este supuesto habrá que aplicar la doctrina del Tribunal Supremo de compensación de penas, según la cual no puedes perjudicar a un investigado por no haber metido asuntos en el sumario principal». La sentencia del 'caso Renedo' considera que los delitos por los que se les condenaba eran continuados, esto es, se cometían a lo largo de los años; de haber incluido los expedientes de Educación el resultado final, en cómputo de años de cárcel, sería similar.
Según la interpretación de Valdés-Hevia, si uno de los implicados fue condenado a siete años en el 'caso Renedo' solo se le añadiría pena de cárcel efectiva si en este segundo proceso recibe más de siete años. Por debajo «no habría efectos».
El auto reclama cinco millones de fianza a Riopedre y Otero, 700.000 euros a Muñiz y 4,3 millones a Sánchez; es un dinero a depositar en las 24 horas posteriores a que reciban el requerimiento. Los letrados aseguran que no tendrá grandes consecuencias, toda vez que los bienes de sus clientes ya están embargados.
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