La quita a Cataluña marca el arranque del curso político en Asturias

El acuerdo que ahora se ejecuta fue pactado entre el Gobierno y ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez en 2023. Posteriormente se abrió al resto de comunidades, con un fondo global de 83.252 millones, de los que Cataluña recibiría 17.104 millones, uno de cada cinco euros. En el caso de Asturias, la reducción de deuda ascendería a 1.508 millones, principalmente con entidades financieras.

Ruiz advirtió este miércoles de la necesidad de impedir «que las necesidades de Sánchez se antepongan a las de Asturias» y rechazó que se use «una medida de trilerismo financiero para abrir la puerta a una desconexión de las finanzas catalanas». Según el parlamentario, el Principado no puede consentir que se «encubra la mala gestión de los gobiernos independentistas en Cataluña a costa de los españoles que han cumplido las reglas y que ahora ven cómo se premia a quienes más daño han hecho a la igualdad entre territorios y al ordenamiento constitucional».

Con el anuncio de que la quita se aprobará en septiembre, Ruiz vaticina que el Gobierno asturiano iniciará el curso político volviendo a formar parte del «cálculo político de un Pedro Sánchez que ya no sabe cómo mantener su frágil mayoría parlamentaria, debilitada por los casos de corrupción que cercan a su partido y a su entorno». Además, el PP alerta de que esta operación es «el primer paso hacia la desconexión económica y financiera de Cataluña». A su juicio, el proceso se desarrollaría en tres fases: «primero se cubren las consecuencias de su mala gestión con una quita de deuda; después se cede el control de los grandes impuestos; y finalmente se trocea la Agencia Tributaria para entregar toda la gestión fiscal a la Generalitat».

Frente a esto, los populares reclaman al Principado que impulse una reforma del sistema de financiación autonómica «basada en los principios de suficiencia financiera, equidad en el acceso a los servicios públicos fundamentales y cobertura del coste real de los mismos». Sin embargo, Ruiz lamenta que «volveremos a encontrarnos con un Barbón satisfecho con una quita pactada en los términos que ERC quiere y no en función de criterios objetivos de equidad». Y además, recuerda que «la deuda no se evapora: se traslada de las autonomías al Estado, que al fin y al cabo somos todos los españoles».