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Una mujer sostiene una pancarta durante una concetración celebrada en España el pasado septiembre en defensa al derecho al aborto. EFE/ Víctor Lerena

¿Por qué Asturias no ha creado todavía un registro de sanitarios que se oponen a practicar abortos?

La consejera de Salud asegura que, aunque la medida es obligatoria, «no pensábamos que tenía que hacerse con tanta celeridad, porque aquí nunca hemos tenido problemas con esta prestación»

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

«¿Por qué un gobierno progresista, feminista y reformista como el suyo ha esperado tanto para crear el registro de objetores en la interrupción voluntaria del embarazo ... ?». La pregunta se la formulaba esta mañana la diputada Covadonga Tomé a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a raíz del requerimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo recientemente al Principado para que diese cumplimiento a este requisito legal en el plazo de tres meses. A día de hoy, Asturias es una de las cuatro comunidades que aún no ha puesto en marcha dicho registro.

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La explicación de Saavedra: «En Asturias está absolutamente garantizado el derecho al aborto y nunca hemos tenido problemas con esta prestación. No pensábamos que había que crear el registro con tanta celeridad. No obstante, ya se está tramitando -se encuentra en fase de información pública- y lo crearemos lo antes posible». De hecho, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba el 8 de octubre una resolución con las instrucciones que se han enviado a las distintas áreas sanitarias para empezar a gestionar la objeción de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo. Un trámite transitorio -hasta que se decrete definitivamente el registro oficial autonómico-, voluntario y confidencial.

Además, la consejera de Salud anunció que «vamos a pilotar con los servicios ginecológicos que la interrupción voluntaria del embarazo con menos de catorce semanas de gestación también pueda realizarse en el Servicio de Salud (Sespa)». Actualmente, los abortos de menos de 14 semanas se realizan en clínicas privadas dentro de un concierto que «garantiza absolutamente este derecho de las mujeres». A partir de ese momento de gestación, las intervenciones se realizan en los centros de la sanidad pública, ya que existe un mayor riesgo de complicaciones.

Según Tomé, crear un registro de los profesionales que se oponen a realizar abortos «facilita la organización del sistema sanitario para que se pueda garantizar este derecho largamente peleado». Pero, además, «evita el fraude y la mercantilización, para que algunos profesionales que objetan en la sanidad privada luego no hagan negocio en las clínicas privadas».

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