El expresidente y el exdirector general de El Musel defienden que terminaron la ampliación forzados por Fomento

A la derecha, el expresidente de la Autoridad Portuaria; Fernando Menéndez Rexach/NEWSPHOTOPRESS
A la derecha, el expresidente de la Autoridad Portuaria; Fernando Menéndez Rexach / NEWSPHOTOPRESS

«¡Cómo íbamos a pensar que hacíamos algo ilegal!», indica Díaz Rato tras enumerar todos los informes jurídicos favorables

Ramón Muñiz
RAMÓN MUÑIZGijón

Las irregularidades que en 2014 observó la Oficina Antifraude Europea (Olaf) en las obras de ampliación de El Musel han desembocado esta mañana en un primer juicio. Lo celebra el Tribunal de Cuentas, institución que no persigue delitos pero castiga a los funcionarios y autoridades que por acción u omisión han causado un daño al erario público. El entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, y su director general, José Luis Díaz Rato son los acusados a los que el Abogado del Estado y la Fiscalía piden que indemnicen al Estado con 135 millones sacados de su bolsillo. Antes de iniciar la vista el Tribunal de Cuentas ha hecho una investigación patrimonial de los señalados para embargarles preventivamente los bienes. Ambos aducen que actuaron con tanto celo que llegaron a ahorrar dinero a la administración pública. En su defensa exponen que durante toda la obra fueron recibiendo instrucciones e informes jurídicos desde el Ministerio de Fomento, la Abogacía del Estado, la Intervención General y Puertos del Estado avalando cada paso dado y deslizaron posibles irregularidades en otros terrenos.

«Yo soy director de obra, mis conocimientos de la Ley de Contratos son los que son, entendía que por encima de mí estaba el Abogado del Estado y el Inspector de Fomento», indicó Díaz Rato. El ex director general recordó cada informe, sus reticencias a aprobar un modificado, acusó a los responsables de Puertos del Estado de fomentarlo y aseguró que de cara a la Unión Europea tanto el ente portuario como la Abogacía defendieron la rectitud de las obras. «¡Cómo íbamos a pensar que hacíamos algo ilegal!», manifestó. «Desde el primer momento el adjudicatario nos planteó un modificado y nos opusimos, totalmente», defendió Menéndez Rexach. «

Es así como la UTE propone para abaratar la obra cambiar el primer kilómetro de espigón para eliminar los cajones. Eso provocaría que el muro en vez de absorber el oleaje lo reflejara. «Acabaría con las playas de Carreño, un desastre ambiental que no podíamos consentir», apuntó Díaz Rato. El ex director general reconoció que a lo largo de todo el proyecto se encontró con actitudes «sorpresivas», como el hecho de que las constructoras no pudieran utilizar la cantera de Hidroeléctrica del Cantábrico pese a que la Autoridad Portuaria hubiera firmando un acuerdo de intenciones con la empresa energética para ello.

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«Hicimos el acuerdo para dar igualdad a todos los licitantes; como era una cantera imprescindible para las obras si uno de los aspirantes llegaba a un acuerdo con HC echaba a los demás», indicó Menéndez Rexach. Luego, cuando el contratista quiso utilizar ese materia pétreo cercano a El Musel se tropezó con la negativa de Hidroeléctrica. «Hay una serie de cuestiones que a nosotros siempre nos ha extrañado», apuntó Díaz Rato. La eléctrica puso pegas iniciales y luego dijo que no podía permitir la explotación de la cantera porque iba a levantar cerca una planta desulfuradora. «¿Cómo se puede hacer una desulfuradora sin declaración de impacto ambiental ni la licencia de obras de Gijón y Carreño?», cuestionó el ex director general. «Las obras se hicieron sin esas licencias», abundó Menéndez Rexach.

«La declaración es del año 2008, cuando la desulfuradora ya estaba hecha y dice que tenía que presentar la licencia de obra», detalló Díaz Lago. «¿Por qué acomete entonces HC una obra que no nos había comentado cuando hicimos el acuerdo de intenciones? Creemos que había otra batalla, desde 2002 HC estaba intentado que el Principado y Soto de Ribera le autorizaran una planta de gas. Sorpresivamente nos vamos dando cuenta de que los pasos del Principado para autorizar la desulfuradora coinciden con el primer contrato», completó. «En enero de 2007 el Ayuntamiento de Soto de Ribera autorizó las obras de la central, y al día siguiente HC le dijo a nuestra UTE que le da la autorización y puede explotar la cantera», dijo. «Coincidencias como esta parecen difícil de entender. ¿Qué sacó HC de la obra? Creo que forzó a la administración y al ayuntamiento para que le dejaran hacer la central de ciclo combinado», esbozó.

Durante el tiempo en el que no se pudo usar esa cantera, la UTE lo intentó en la siguiente más cercana, en Percil, Carreño. Tudela Veguín la explotaba y puso limitaciones. «Don Fernando Masaveu nos dijo que de ahí no se podía sacar más material que el que ya daban, que aquello era el oro de Tudela Veguín, el material del que sacan el cemento, pensamos que las habas estaban contadas», desveló Diaz Rato. Para os gestores de El Musel no quedaba más remedio que ir a canteras comerciales, situadas a entre 60 y 100 kilómetros de distancia, lo que disparaba los costes. Eso o rescindir el contrato de obra dada la imposibilidad de ejecutarla con los presupuestos que se habían firmado.

El cambio de precios «suponía un trámite importante que tenía que aprobar Puertos del Estado y Fomento; era una decisión que prácticamente no nos correspondía. El secretario de Estado y Puertos del Estado nos dicen que no es viable rescindir la obra, que se perderían los fondos de la UE, que siguiéramos», expuso Díaz Rato, al que defiende el hoy abogado Agustín Azparren. «Nos dijeron que había respaldo total y completo para sacar adelante la obra. La rescisión hubiera tenido consecuencias lamentables para la Autoridad Portuaria y el sistema portuario; habría quedado la obra avanzada en medio del mar, el mar se la habría comido, se habrían perdido fondos de la UE y nos enfrentaríamos a una reclamación por lucro cesante de la adjudicataria», completó Menéndez Rexach, defendido en esta causa por Viliulfo Díaz.

La tramitación del modificado arrancó «con un informe del Abogado del Estado que es el que nos dice que todo es legal» relató Díaz Rato. La Intervención General del Estado auditó el proceso en 2008 y 2010, dándolo por bueno con algunos cambios. «Hubo una queja de IU y Los Verdes, que pedían usar ese dinero de la UE no en el puerto; esa queja motivó un proceso de corrección financiera. En julio de 2010 hubo una auditoría, en todas las reuniones con Bruselas estaba en Ministerio de Hacienda y Puertos del Estado. Al final quedó claro que todo lo ejecutado era legal y no procedía una corrección financiera que la UE planteaba en 18 millones», abundó Menéndez Rexach.

En su interrogatorio, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, insistió en que los investigados no eran subordinados del Ministerio de Fomento, el pliego de las obras establecía que éstas se harían a riesgo y ventura del adjudicatario y que El Musel asumió como un problema propio el encarecimiento de los costes del material pétreo cuando a su entender no debía hacerlo.