Roqueñí defiende la ley de Calidad Ambiental y elude el debate sobre la reforma
Podemos recrimina a IU-Convocatoria por Asturias, ahora en el Gobierno, que haya pasado de pedir la derogación de la norma a modificaciones puntuales
La consejera de Transición Ecológica, Industrial y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, realizó esta mañana una defensa a ultranza de la ley de Calidad Ambiental, ... aprobada la pasada legislatura y pendiente ahora del desarrollo de su reglamento, hasta el punto de reconocer ante la Junta General que se trata de una «satisfacción personal» que esta norma, en cuya elaboración participó activamente como viceconsejera de Medio Ambiente, sea motivo de su primera intervención en la Cámara como consejera.
Tras escuchar fuertes críticas sobre esta ley por parte de la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, quien entiende que se trata de una «regresión medioambiental» porque «reduce de forma imprudente los controles medioambientales», Roqueñí negó categóricamente que la nueva norma suponga una reducción de las garantías para el medio ambiente y la defendió como un avance importante en materia de simplificación burocrática y seguridad jurídica. Una norma, resumió, que «garantiza la compatibilidad entre el desarrollo y la protección ambiental». «No ha supuesto ninguna relajación en la aplicación de la normativa medioambiental existente, ni disminución de los niveles de corrección en origen de los impactos medioambientales producidos por la actividad económica o productiva», declaró.
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Roqueñí eludió en su intervención abordar la petición expresa de la diputada de Podemos de buscar un mayor consenso político en relación a esta normativa y tampoco hizo mención alguna a posibles modificaciones o ajustes en la fase del desarrollo reglamentario, una cuestión que también le reclama IU, ahora socio de Gobierno. De hecho, la diputada de la formación morada aprovechó para lanzar el dardo a la coalición recriminando que hubiera bajado el listón de exigencia en relación a esta ley desde que forma parte del Ejecutivo de Adrián Barbón. «En campaña electoral pedía la derogación y ahora sólo modificar los puntos más conflictos. Es evidente que ya no estamos de acuerdo», advirtió Tomé, quien considera que la figura de la declaración responsable prevista en la ley puede generar «daños irreversibles».
Frente a su posicionamiento, la consejera incidió en que «el mayor beneficio de esa simplificación en los trámites no será para los grandes proyectos, sino para todas aquellas actividades de escasa incidencia ambiental que forman parte de ese tejido social y económico de los núcleos urbanos y rurales» y puso en duda que la comisión estatal constituida para la resolución de discrepancias en relación a esta ley pueda suponer algún escollo para su entrada en funcionamiento puesto que, dijo, se trata de un procedimiento habitual.
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