La subida salarial dispara dos millones el gasto de las ONG de discapacidad

Miembros del Centro de Apoyo a la Integración de Adepas en Noreña. / IMANOL RIMADA
Miembros del Centro de Apoyo a la Integración de Adepas en Noreña. / IMANOL RIMADA

«Lo menos malo que nos puede pasar es un ERE», dice Cocemfe, mientras Plena Inclusión habla de «un gravísimo problema» y el Principado promete incrementar el gasto

CHELO TUYAGIJÓN.

Desde el 4 de julio pasado, las entidades sin ánimo de lucro asturianas especializadas en discapacidad tienen un problema. O 50.000, como los euros que, de media anual, han visto incrementado su gasto salarial. O 100.000, como los euros que, también de media anual, tendrá que pagar de más Cocemfe. Porque el pasado 4 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el décimo quinto convenio del sector. El que había sido impugnado y generó meses de discusión. El que incluye aumentos en la nómina del 12 al 20%, ya que muchos sueldos estaban por debajo del nuevo Salario Mínimo Interprofesional. Cobraban las auxiliares 700 euros y deberán cobrar ahora 900. Con carácter retroactivo al 1 de enero.

«Lo menos malo que nos puede pasar, es que tengamos que hacer un ERE», advierte Mónica Oviedo, presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en Asturias y de Cocemfe. «Lo peor, será que tengamos que cerrar servicios, programas y recortar plantilla», aseguró. «Estamos ante un gravísimo problema», reconoció Casilda Sabín, gerente de Plena Inclusión. Tanto Cocemfe como Plena Inclusión son las grandes aglutinadoras de los servicios de discapacidad de la región y ambas están englobadas en el Cermi. «Representamos a 20.000 personas y sus familias», enumeró Mónica Oviedo.

«Las asociaciones no tienen recursos para atender estos costes y ya empiezan a tener exigencias de los trabajadores, lo que ha supuesto que alguna asociación renuncie a prestar algún servicio», aseguró Sabín. «Todas las asociaciones de discapacidad de Asturias están en la misma situación. Las subidas salariales van desde 50 a 200 euros al mes. Los trabajadores tienen todo el derecho a reclamarlo, pero lo que tenemos que decir hoy es que no podemos pagarlo. Y que no podremos hacerlo hasta que la Administración no nos incremente la ayuda», explicó Oviedo.

Una ayuda que la Consejería de Servicios y Derechos Sociales quiso garantizar. La directora general en funciones de Servicios Sociales y Proximidad, Lina Menéndez, aseguró que «junto con la consejera, Pilar Varela, llevamos ya tiempo trabajando en un estudio de costes sobre lo que supondrá la aplicación del convenio colectivo, que el futuro equipo de gobierno tendrá concluido a su llegada».

1.176 plazas concertadas

El estudio de costes cuantifica en «unos dos millones» lo que supone el incremento salarial incluido en el convenio «para las plazas del acuerdo marco, tanto las de Centro de Apoyo a la Integración (CAI), como las de centros de alojamiento». Tiene el Principado concertadas con las entidades sin ánimo de lucro 742 plazas de CAI y 434 de alojamiento, cuyo coste de personal «supone 20 millones al año». A esa cantidad, plantea el equipo de Pilar Varela un incremento «de dos millones».

Esa cifra llegará «directamente en la Ley de Acción Concertada», aprobada en la última legislatura, pero que aún no ha entrado en vigor. «Entiendo la preocupación del Cermi», reconoció Lina Menéndez, «pero nosotros ya habíamos hecho una mejora en el acuerdo marco que concluye ahora, y que ha sido prorrogado hasta que entre en vigor la ley». Además, insistió, «repercutiremos en el acuerdo marco la subida salarial del nuevo convenio colectivo. Que estén tranquilos».

Una tranquilidad que, no obstante, no acaba de llegar. «Nos hablan todo el tiempo de cubrir el aumento en plazas de CAI y residencia, pero nadie habla del salario del personal de las asociaciones y de los servicios», dice Mónica Oviedo. Insiste ella en que «habrá EREs».