El Principado invita a debatir cuáles son las urgencias en trenes y carreteras

La nueva hoja de ruta «no va a servir solo para planificar el desarrollo de las infraestructuras sino también para integrarlas en nuevos criterios de movilidad sostenible», apuntó el consejero Alejandro Calvo, quien dio el primer paso en este camino comunicando sus intenciones a la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), María Calvo, y los secretarios generales de UGT, Javier Fernández Lanero, y de CCOO, José Manuel Zapico. Su objetivo es lograr una «gobernanza participativa» para ir definiendo la nueva estrategia.

Nada nace de la nada. En la actualidad el Principado cuenta con un Plan de Infraestructuras y Movilidad (PIMA) 2015-2030, con objetivos quinquenales. Se confeccionó en un tiempo distinto, sin la variante de Pajares abierta, ni el AVE, ni el Plan de Cercanías; tampoco existía entonces un expediente abierto en la Comisión Europea poniendo en cuestión la legalidad del actual contrato de concesión de la autopista del Huerna, ni una tarifa plana para usar el transporte público (la tarjeta conecta).

En aquel momento el tramo Palencia-León-Gijón estaba fuera del Corredor Atlántico, un eje ferroviario cuya mejora es una prioridad marcada por Bruselas con un reglamento que ofrece ayudas financieras pero marca un calendario de mejoras técnicas a modo de deberes a las autoridades.

El PIMA es producto de un contrato de 153.367 euros adjudicado en 2013 a las consultoras Eptisa y Vectio; se hicieron más de 500 encuestas, se utilizaron cuatro cámaras de visión artificial y más de 50 horas de simulación para calibrar cuál sería el resultado de ampliar esta autovía o conectar aquellas dos carreteras. Es un trabajo técnico, amplio y con rigor, que había entrado en su fase final de aplicación.

Dadas las novedades acumuladas en el sector en la última década la consejería que lidera Calvo ha optado por anticipar su relevo. Cambia la hoja de ruta y también la manera de afrontarla. En 2013 se optó por reclutar a las consultoras externas para que hicieran ese trabajo de campo y propuestas que solo fueron tuteladas por el personal de la consejería; una vez cocinado así el documento se lo sometió a consulta pública, con algún acto de presentación abierta.

Ahora se prefiere ir más de la mano de otros actores. De ahí la reunión con los agentes sociales, pero también el recordatorio que hizo Calvo a que el nuevo documento contará con la Alianza de las Infraestructuras «como marco de referencia». Con ese nombre se conoce un pacto con partidos, patronales, sindicatos y otros colectivos, suscrito por primera vez en 2017 y renovado en 2024. El documento especifica cuáles son las mejoras que la comunidad reclama al Ministerio de Transportes.

A la espera de calibrar si este enfoque más participativo resulta efectivo, la decisión de actualizar la planificación del Principado llega en un contexto donde aumentan las voces que señalan que ese es el gran déficit de la política de infraestructuras nacional. El pasado año caducó el Plan de Infraestructuras 2012-2024 y, por primera vez en dos décadas, el Gobierno central ha desistido de poner negro sobre blanco en un solo documento cuáles son sus proyectos prioritarios.

Esa actitud contrasta con esta decisión del Principado de prepararse y anticipar el relevo a su PIMA 2015-2030. Con todo, hay documentos de planificación que hace tiempo debían estar sobre la mesa. La Ley de Movilidad de Asturias aprobada en 2018 daba dos años de margen al Ejecutivo para aprobar una Estrategia de Movilidad vinculante para los ayuntamientos y que sigue sin estar aprobada con ese rango.