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rosalía agudín
OVIEDO
Sábado, 6 de abril 2019, 02:58
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Tres mujeres asturianas quieren una muerte digna. Están enfermas y una de ellas es mayor. Las otras dos son jóvenes y entre ellas hay quien se ha hecho con el producto para acabar con su vida. Sus datos son por el momento privados. No quieren que se sepan para preservar su intimidad, aunque se espera que una de ellas «morirá próximamente».
Así, lo explicaron ayer Consuelo Camblor y Dulce Prieto, miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente, durante la concentración que organizaron ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la ovetense plaza de Porlier, y en la que medio centenar de personas reclamaron su derecho a poder ser «libres hasta el final».
Mostraron su «apoyo» a Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, quien desde hace treinta años sufría esclerosis múltiple y en los últimos diez años la hizo dependiente para todas las actividades de la vida diaria. Él la cuidaba y fue quien la ayudó a acabar con su vida después de que ella lo consintiese, tal y como se muestra en una grabación de vídeo.
«Este acto solo puede entenderse como un gesto de amor que no debería recibir ningún reproche penal», comentaron ayer los miembros del colectivo. Pero lo que le puede pasar judicialmente a Hernández es por el momento una incógnita aunque a él no le preocupa. Dice que lo «menos importante» es el juicio porque su mujer ha dejado de sufrir pero está por ver qué cargos presenta la Fiscalía contra él.
Fue detenido por los miembros de la Policía Nacional y la noche del jueves quedó en libertad con cargos. Está imputado por un delito de cooperación al suicidio y se encuentra a la espera de juicio. «En una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal», clamó ayer este colectivo durante la concentración en la que también comentaron que la asistencia a las personas «más vulnerables» con respeto a sus valores y decisiones es «una medida de calidad humana».
Esta opinión no solo la comparten los miembros de esta asociación, sino que más del «80% de la población» está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio colectivo. «En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en la regulación de la muerte asistida». Asimismo, urgieron a los diputados que salgan elegidos en las elecciones del próximo 28 de abril que «regulen» la eutanasia. «Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo moral», clamaron.
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