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El vicepresidente y consejero de Administraciones Públicas y Medio Ambiente, en su despacho. En primer término, su mesa, repleta de expedientes e informes. PABLO LORENZANA
«Vamos a conseguir que el ciudadano tarde menos en 15.000 trámites al año»

«Vamos a conseguir que el ciudadano tarde menos en 15.000 trámites al año»

Juan Cofiño, Vicepresidente del Principado ·

«Tiene que haber un premio para el funcionario productivo y sanciones para el que no cumpla los objetivos por los que se le paga»

RAMÓN MUÑIZ

OVIEDO.

Domingo, 5 de diciembre 2021, 00:59

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El ascensor que da a su despacho sigue funcionando mal y en la sala de reuniones contigua recibe con sillas desconchadas, de las que nadie compraría de segunda mano. «Hace cinco meses que iniciamos el expediente para cambiarlas y aspiro a que antes de que termine la legislatura lo logremos renovarlas», disculpa. El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño (Parres, 1957) trabaja rodeado de elementos que le recuerdan por qué tomó como misión reformar la Administración. Recibe a este diario el jueves por la tarde, horas después de presentar el proyecto de presupuestos para 2022 y lograr que la Junta General apruebe la Ley de Medidas Administrativas Urgentes.

-¿Cómo lo celebró?

-No tuve tiempo. Ayer empecé a las ocho de la mañana y acabé a las diez de la noche. Llevamos una temporada un poco densa con los presupuestos, la ley, el covid, la concertación...

-¿Qué es más fácil, amarrar el voto que falta para hacer oficial el asturiano o lograr los tres que necesitan para aprobar el presupuesto?

-La reforma del Estatuto es relevante, pero tiene otros plazos e instancias. Aquí y ahora lo relevante e inmediato es tener el día 1 un presupuesto en el que están los fondos europeos. Si no lo consiguiéramos, estaríamos en una situación preocupante.

-El presidente dijo que era «Asturias la que precisa los presupuestos, no el Gobierno».

-El Gobierno podría sobrevivir a algo así, pero la región pasaría dificultades importantes. Son 5.354 millones con más de 600 en inversión directa con muchos fondos europeos.

-Con Cs parecen tenerlo casi...

-Negociamos con todos menos con Vox, que cada día enseña su peor cara. Ahora mismo es posible el acuerdo con todos y con nadie está firmado.

-Vamos a su ley. ¿En qué momento vio su necesidad?

-Modificar la Administración pasa por dos grandes patas: organizar mejor los recursos humanos y reformar la regulación. Debe ser más simple y accesible, menos compleja, permitir una tramitación más rápida. Es lo que busca esta ley, aligerar trabas al ciudadano.

-¿Cuántas?

-Calculamos que vamos a conseguir que entre 15.000 y 20.000 trámites que cada año hacen los ciudadanos se verán afectados para bien, eliminándolos o abreviando sus plazos.

-¿Cómo?

-Aligerando trámites urbanísticos, suprimiendo evaluaciones ambientales redundantes, acortando plazos urbanísticos y de patrimonio cultural. La tipología es diversa. Introducimos la declaración responsable y eso hará posible que fluya mucho más la economía y el emprendimiento.

-¿Qué se podrá hacer con esa declaración responsable?

-Obras menores, de mantenimiento y simple reparación, primeras ocupaciones y utilización de vivienda, renovaciones de instalaciones, movimientos de tierras no significativos...

«Comunicas y empiezas»

-¿Cómo funciona? Ponga ejemplos concretos.

-Para una reforma en tu casa o negocio que entra dentro de la casuística de la ley ya no tendrás que esperar una respuesta positiva de la Administración ni que el técnico se desplace a hacer el informe. Comunicas el proyecto y empiezas la obra.

-¿Cuándo funcionaremos así?

-La ley entrará en vigor en los próximos días, con su publicación en el boletín oficial, pero no surte efectos inmediatos. La parte de la declaración responsable necesita un desarrollo reglamentario con el que nos pondremos de inmediato.

-¿Qué le habría gustado incluir en esta ley y no pudo?

-Se me pueden ocurrir muchas cosas, pero esta es una norma de medidas urgentes, tramitada por procedimiento abreviado, y no cabe todo ahí. Por razón de la materia hay cuestiones ambientales y urbanísticas que necesitarán su legislación específica, que estamos preparando.

-La gran polémica. PP, Podemos e IU estaban por apoyar la ley, pero ustedes prefirieron acoger una enmienda de Ciudadanos que confía la revisión de esas declaraciones responsables a las Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales. ¿Por qué?

-Cuando redactamos la ley, tuvimos internamente ese debate. Al final dejamos fuera esa posibilidad pero en el debate parlamentario, que para eso está, Cs lo planteó y nos pareció razonable discutirlo y hablarlo.

-Pese a la oposición del resto...

-Es que cuesta mucho vencer resistencias. Padecemos un conservadurismo vital que nos paraliza. Me produce desasosiego que esta administración tarde un año en otorgar una subvención de 2.000 euros a un ciudadano. Eso hay que mejorarlo y una receta es esta. Para subrayar contradicciones dije que en Aragón el PSOE, Chunta y Podemos la aprobaron antes, permitiendo que entidades privadas asumieran ese control. Nosotros nos hemos limitado a corporaciones de derecho público.

-Puestos a subrayar contradicciones, en septiembre Cs le planteó esta opción y usted dijo que «es algo muy ajeno ahora mismo a la cultura administrativa española». Que no lo desdeñaba en el futuro, pero que primero hacía falta una prueba piloto. ¿Por qué cambió?

-Es que el futuro ya llegó. Hablé con las experiencias que había en otros sitios y la valoración es positiva. Oiga, si funciona, probemos nosotros también. No seamos tan conservadores. Todos estamos de acuerdo en que somos muy lentos, muy lentos, muy lentos. ¿Qué alternativa hay para mejorar? Solo meter más funcionarios, pero eso no arregla el problema.

-¿Aceptar en diciembre lo que en septiembre rechazaba es un sacrificio para lograr el voto de Cs a los presupuestos?

-En absoluto. Voy a ser claro: nunca peligró el apoyo a la ley. No hubo cambio de cromos. Asumimos algo que estaba en nuestro pensamiento y no 'compramos' el texto de Cs. Ellos proponían habilitar también a entidades privadas para hacer esa supervisión.

-Las Cámaras tienen intereses privados, contratan sin tener que cumplir condiciones de mérito e igualdad. ¿No es un riesgo que supervisen a sus socios?

-Vamos a regular vía decreto el régimen de incompatibilidades para que todos esos riesgos hipotéticos que algunos señalan no sucedan. Este tipo de intervención no es nueva, en nuestro entorno occidental es muy habitual. Nos estamos incorporando al furgón de cola, copiamos lo que hacen otros, pero a veces ese conservadurismo vital nos paraliza.

-¿Se siente un rebelde?

-No es tiempo de rebeldía, pero no renuncio a cambiar las cosas.

Pagar más al productivo

-La siguiente estación en su reforma de la Administración es la ley de Empleo Público. Propone por primera vez pagar más a los funcionarios más productivos.

-Respetando situaciones consolidadas, queremos poner por encima un plus de productividad de los de verdad, no la carrera profesional. No un café para todos consolidable. Esto sería de año en año, de adscripción discrecional... entre comillas. Pusimos que fuera para funcionarios del grupo A como forma de abrir el debate. Puede ser adscrito a los puestos que se consideren significativos o incluso a unidades administrativas enteras.

-¿Cuánta gente debería cobrarlo y de cuánto sería?

-Vamos a mandar un proyecto de ley pero con cajas abiertas para discutirlas. Estamos hablando con los sindicatos pero quiero que esta sea una ley que dure mucho tiempo, y para eso debe ser muy compartida. Por eso hay aspectos polémicos y complejos que dejo abiertos a la discusión parlamentaria, para ver si somos capaces de aglutinar los mayores apoyos posibles.

-Dijo que ese plus debía tener una cuantía significativa.

-Tiene que serlo, sí.

-Pero no me dice cuánto.

-No estamos en esa fase.

-Una de las claves es quién evalúa el rendimiento ligado a ese plus. ¿Será el jefe o un externo?

-Es un tema vital. Para que el modelo pierda acidez hay que garantizar la objetividad y transparencia en los objetivos y cómo se miden. El jefe tiene algo que decir porque está en el día a día, pero quisiera que hubiera un tercero que participe de esa evaluación y esté más ajeno al fuego. Tengo algunas ideas, pero están verdes.

-¿Habla de un auditor externo o del Instituto Adolfo Posada?

-Un auditor sería ir muy lejos. El Adolfo Posada está más próximo.

-El plus premia al funcionario productivo. En su borrador inicial quien suspendía dos años seguidos la evaluación de rendimiento perdía el destino.

-Tiene que haber premios, pero también sanción para quien no cumpla los objetivos por los que se le está pagando. En todo caso a petición de los sindicatos vamos a dulcificar ese parámetro.

-¿Nos vamos a tres suspensos?

-Nos quedamos en dos, pero con una solución intermedia.

-Interinos. Quería terminar la legislatura con menos de un 8% de trabajadores temporales. Dijo luego que no lo cumpliría pero no cuál es su nuevo objetivo.

-Acercarme lo más posible. Uno no maneja todos los resortes y en este tema queremos ir con prisa pero con cautela. Hemos progresado mucho en la organización de las ofertas públicas de empleo pendientes de 2018, 2019 y 2020 pero sin pasar el Rubicón de meternos en zona de riego con lo que podía salir de la ley de estabilización de internos nacional.

-El acuerdo del PSOE, UP, ERC y PNV ofrece un concurso de méritos para que hacer fijos a los internos que lleven más de cinco años en un puesto. ¿Cómo nos afecta?

-Hay muchas incógnitas. Ese concurso de méritos, ¿solo valora el mero transcurso del tiempo o tiene alguna prueba adicional? ¿Con qué contenidos? Esos detalles hay que entenderlos bien. El listón de los cinco años nos deja con 4.000 potenciales beneficiarios, la mayoría en Salud y las consejerías. Educación tiene una problemática distinta; no tiene interinos de cinco años.

-Van a tener la mayor mudanza de personal. ¿Cuánta gente cambiará de puesto?

-Es un concurso de méritos y tiene la adjudicación provisional. Eran un total de 1.007 puestos y aproximadamente el 60% van a cambiar de sitio. Es un cataclismo en la administración, la consecuencia de llevar muchos años sin hacer el concurso. Espero que no cause parálisis, pero necesariamente impactará en la gestión. Hablamos de puestos de jefes de servicio y sección, y van a necesitar semanas de adaptación. Haremos un plan de aterrizaje.

-¿En qué sentido?

-Intentaremos ordenar la toma de posesión de forma secuencial, que no todo el mundo cambie de sitio el mismo día.

«Garantismo mal entendido»

-Su reforma toca normas y la plantilla, pero otra fuente de ineficiencia son los contratos. ¿Cuántos funcionarios necesita para cambiar esas sillas de la sala de reuniones?

-La Ley de Contratos impone un exceso de burocratismo, de garantismo mal entendido. Los expedientes pasan por mil manos, van y vienen.

-Si pasan por mil manos, ¿cómo luego sale un fiasco como el de Cabueñes?

-Eso fue un error humano. Entiendo que enfade. Nos duele mucho a todos.

-Esta semana han aprobado una obra de 23,4 millones para conectar Amazon a la autovía. Es un precio de mercado. Se pueden hacer bien las cosas.

-Lo de Cabueñes fue un error, lo ha reconocido el consejero y el presidente. Pero más allá de ese hecho, tenemos una ley que hipertrofia. Una obra media tardas ocho o diez meses entre que la licitas y la adjudicas, un periodo a todas luces excesivo.

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