La alcaldesa suspende cautelarmente a los policías un año después de los hechos

La información exclusiva de ayer de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS dando cuenta de la imputación de cuatro policías locales por los supuestos delitos de detención ilegal, amenazas y contra la integridad moral al que hay que añadir ahora el de torturas contra un vecino de Corvera obligó ayer al Gobierno municipal y a la alcaldesa a anunciar la suspensión cautelar de los cuatro agentes un año después de haberse producido los hechos.

A través de una nota oficial, la alcaldesa, Pilar Varela, anunció que tomaba medidas cautelares de suspensión de sus funciones para los cuatro policías locales mencionados en el auto de fecha 8 de mayo de 2015. Y lo hizo con una declaración textual: «Conocido el auto y partiendo de la presunción de inocencia de los cuatro agentes implicados en los hechos descritos en el auto, y deseando que pueda ser restablecido el buen nombre y buen hacer de estos policías, me veo en la obligación de suspenderlos provisionalmente de sus funciones como medida cautelar».

«Esta decisión la he dado a conocer a los portavoces de los grupos municipales y a los propios afectados en la tarde de hoy».

«Mañana viernes firmaré el decreto que recoge esta decisión y que tendrá efecto desde el sábado día 16».

La nota añade que esta medida cautelar tiene como plazo máximo seis meses y, si en este tiempo se dictara sentencia, quedaría sin efecto. Para la implantación de dicha medida cautelar se incoará el respectivo expediente disciplinario en el Ayuntamiento de Avilés.

La medida se toma ante la gravedad de los hechos denunciados en su número de ayer por EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS. El auto judicial al que apela la alcaldesa no llegó ayer al Ayuntamiento, sino el miércoles a última hora de la mañana, sin que ese día se produjera reacción alguna.

Por otro lado, las medidas cautelares anunciadas ahora se toman un año después de que la alcaldesa, el equipo de Gobierno y al menos el portavoz del PP, Constantino Álvarez, conocieran de primera mano lo sucedido, tras ponerlo en su conocimiento los mandos de la Policía Local, siguiendo así el protocolo marcado, que indica que son los responsables de Interior y el de Recursos Humanos los que tienen la responsabilidad total sobre la Policía Local y por lo tanto les corresponde a ellos la toma de decisiones: abrir un expediente o suspender cautelarmente a cuatro policías sobre los que ese mismo día pesaba ya en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía una denuncia por detención ilegal, instruyéndose a continuación las diligencias por el titular del Juzgado de Instrucción Nº 5.

Del mismo modo, los responsables del SIPLA, el sindicato de la Policía Local cuyo máximo responsable es Jesús Villa, organización que lleva años enfrascada en una campaña de descrédito de los mandos policiales y del propio Ayuntamiento, fue conocedora también de los hechos, sin que denunciara absolutamente nada. Baste con señalar que el abogado del SIPLA es el mismo letrado que defiende ahora a tres de los policías locales imputados.