Alu Ibérica realizó pagos por 2,6 millones sin la autorización de los interventores

Esto supone un incumplimiento más de los muchos que suman los actuales administradores de la antigua Alcoa, que todo apunta que serán retirados de estas funciones en los próximos días, dado que la Audiencia Nacional ya está dando pasos para el nombramiento de una administración judicial.

Más de la mitad de esos pagos no autorizados, hasta 1,5 millones de euros, corresponden a distintos contratos para la adquisición de materia prima y otras operaciones relacionadas, principalmente adquisiciones de chatarra, pero también la compra y venta de aluminio primario, tanto en Avilés como en La Coruña, y operaciones de compensación de créditos, que en ningún caso fueron dadas de paso por los funcionarios nombrados por la jueza María Tardón.

El contrato más cuantioso de los que se pagaron de manera irregular fue la compra realizada el 13 de mayo de aluminio primario y productos derivados a la firma Bryant Commerce Trading. El importe fue de 455.137 euros, «muy superior al límite de 20.000 euros a partir del cual resulta necesaria la autorización de los interventores judiciales», según hacen notar estos en su informe. El Grupo Riesgo no solicitó el aval de los funcionarios, pero esa no fue la única irregularidad. El contrato se firmó sin solicitar previamente tres ofertas de empresas independientes entre sí y ajenas al grupo, tal y como exigía el auto de la jueza, y se llevó a cabo además sin que ningún técnico de la empresa realizada y firmara la correspondiente memoria justificativa de la operación, su importe y condiciones, algo que también era exigido por el auto emitido por la Audiencia Nacional.

Riesgo, en cambio, sí había solicitado unos días más tarde, el 28 de mayo, el visto bueno para otra operación con esta misma firma también para la compra de aluminio primario, en este caso por un importe muy superior que se acercaba a los dos millones de euros y que le fue denegado «como consecuencia de las deficiencias en las que incurría la documentación remitida en aspectos esenciales y de los elementos de riesgo para el patrimonio de la sociedad».

La negativa fue comunicada el día 1 de junio, y cuando al día siguiente los interventores acudieron personalmente en la planta de la empresa pudieron comprobar que «ese mismo día se recibió y aceptó por parte de la sociedad intervenida una remesa de 25 toneladas de aluminio primario procedente de Bryant Commerce Trading». Es decir, que la compra se realizó a pesar del veto de los interventores, que posteriormente tuvieron constancia de la recepción de otras dos remesas que se había recibido en las dos jornadas inmediatamente anteriores.

Con esa misma compañía se firmó además un acuerdo por la compensación de créditos y deudas recíprocos para el que tampoco se solicitó autorización pese a que ascendía a 228.663 euros.

Los funcionarios detectaron hasta cinco operaciones de compra de chatarra que no había sido autorizada entre los días 30 de abril y 31 de mayo, firmadas con las empresas Hymcor Scrap Business, RVD Ltda., Merchán Reciclying y Bilse Metales, y señalan que «se desconoce si existen más operaciones aprobadas que hayan incurrido en los citados incumplimientos».

El Grupo Riesgo también abonó las nóminas correspondientes al mes de mayo sin pasar por los controles de los interventores, realizando un pago que supera los 1,1 millones de euros sin la necesaria autorización.

En ese apartado señalan una circunstancia que se da, al menos, en la planta de La Coruña, donde podría haber hasta 102 trabajadores de baja, «ya que los salarios líquidos que perciben no parecen tener una explicación razonable aún suponiendo que estén en situación de pago directo de la prestación, Hubo 35 que no cobraron salario alguno, 17 por debajo de los 84 euros, otros 23 por debajo de los 297, 8 que recibieron menos de 930 euros y 19 entre 1.400 y 2.600.