La Audiencia Nacional bloquea 3,3 millones de euros en criptomonedas del Grupo Riesgo

Así lo señala la providencia dictada por la jueza María Tardón, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional que instruye la denuncia que en octubre de 2020 presentó la Confederación de Cuadros y Profesionales a la que posteriormente se adhirieron todos los sindicatos del comité de empresa, el gobierno de España y Aluminios de Antequera.

La propuesta parte de la fiscalía, cuyo planteamiento asume la magistrada. Según indica, el objetivo del bloqueo es contar con solvencia de cara a las posibles responsabilidades económica que se deriven del juicio sobre la venta y posterior gestión de Alu Ibérica y donde se encuentran investigados siete personas. Cinco de ellas son directivos del Grupo Industrial Riesgo (Víctor Rubén Doménech, Alexandra Camacho, Diego Peris, Luis Losada y Francisco Javier Fernández de Boadilla). Los otros dos imputados son Rüdiger Terhost y Joaquim Magim. Alcoa España, como sociedad jurídica, y otros cuatro altos directivos, comenzando por su presidente Álvaro León, también fueron procesados en su momento, pero el acuerdo extrajudicial con la plantilla de Alcoa provocó su salida de la investigación penal.

La presencia de las operaciones con criptomonedas fueron detectadas en un primer momentopor los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional al analizar la tesorería de Alu Ibérica bajo la gestión del Grupo Industrial Riesgo.

Además de detectar movimientos desde Alu Ibérica hacia el mercado de criptodivisas que los agentes atribuyen al intento de despatrimonializar a la empresa aluminera. El modo de operar también invita a pensar que se trata de ocultar el rastreo del dinero.

Así, el dinero iba desde Alu Ibérica a Logiplus, una sociedad en la órbita de Domenech, y que había pasado de no tener actividad a ser la central de compras y servicios de muchas operaciones de la fábrica avilesina. Posteriormente, desde Logiplus el dinero se desviaba hacia otra tercera compañía, también en la órbita de los imputados, desde donde se accedía al mercado de criptomonedas. Las facturas que respaldaban esos movimientos no respondían a los criterios fiscales que se presumen en una gran empresa, como puede ser una descripción de las actividades realizadas, sino que eran generalidades.

La decisión de bloquear este dinero invita a pensar que la instrucción de la causa principal se encuentra en su recta final. De hecho, el pasado abril, la magistrada solicitó información a Suiza para conocer el movimiento del dinero con el que el Grupo Industrial Riesgo había pagado la compra de Alu Ibérica a Parter Capital .