PP y Vox se oponen a las zonas tensionadas en Avilés: «Es un grave atentado contra la propiedad»

Tanto el Partido Popular como Vox ya habían advertido que se opondrían en el supuesto de que el gobierno avilesino plantease esta medida y dicho y hecho. Los dos partidos se han pronunciado al respecto apenas veinticuatro horas después de la reunión que mantuvo el lunes la alcaldesa con el consejero de Ordenación del Territorio, en la que ambas administraciones acordaron estudiar la articulación de esta nueva catalogación en zonas como Las Meanas, La Magdalena, El Quirinal, Sabugo o Valgranda.

La portavoz municipal de Vox ha sido muy clara al respecto y ha defendido que «las limitaciones arrendaticias son propias de las viviendas protegidas y en este caso, en cambio, se está aplicando a viviendas de titularidad privada. Se trata de una limitación forzosa, sin compensación pública; un acto impuesto al propietario de una vivienda de mercado libre, lo que supone un gravísimo atentado contra la propiedad y el libre mercado», expresó Arancha Martínez Riola al respecto.

La portavoz de Vox en Avilés entienden que lo que se pretende con la declaración de zonas tensionadas es «que los propietarios privados suplan con sus bienes la ineficacia en materia de vivienda por parte del gobierno de izquierdas».

En esta misma línea, Martínez Riola pone en duda la metodología que se ha utilizado para identificar cuales son las zonas de Avilés que deberán ser declaradas como tensionadas. La portavoz de Vox reconoce que desconocen en base a qué datos se declaran estas zonas como tensionadas y considera que «estas medidas esconden la imparable inflación a la que los ciudadanos se ven sometidos en su día a día, para los que seguir asumiendo el coste del alquiler y suministros como electricidad y agua es un esfuerzo insuperable. Por tanto, no se trata de la subida de los alquileres, si no de la inflación fruto de los gobiernos de izquierdas», sentencia.

En este sentido cabe recordar que el informe presentado en lunes por la consejería de Ordenación del Territorio, y validado por el Ayuntamiento de Avilés, determina que para que sea posible la declaración de una zona tensionada se tiene en cuenta que la media del coste de la hipoteca mas los gastos y suministros supere el 30% de los ingresos del núcleo familiar, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC.

Por su parte el Partido Popular de Avilés sostiene un discurso más contenido al respecto, pero igualmente se opone a esta medida y anticipa que pedirá explicaciones al gobierno municipal sobre las medidas concretas que se pretenden aplicar en estas zonas catalogadas como tensionadas, así como las consecuencias directas e indirectas que estas medidas puedan tener sobre propietarios y arrendatarios.

Sobre este asunto se ha pronunciado la portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, que ha reiterado su posición. «Nos oponemos a la declaración de zonas tensionadas en el mercado de la vivienda, fundamentalmente porque este tipo de intervenciones generan una reducción en la oferta y un incremento en los precios de alquiler», analiza Llamazares.

«Aquí lo único que se tensiona y crispa es a los ciudadanos con políticas intervencionistas sobre la propiedad privada, eso sí, siempre amparadas en el buenismo social que en realidad no es tal, cualquier excusa es buena para poco a poco controlar absolutamente todo», le recrimina la portavoz popular al gobierno municipal de coalición.

Además, Llamazares recuerda que desde su partido ya se han tomado medidas para tratar de frenar este tipo de legislaciones a nivel nacional. «Por nuestra parte hemos registrado en el Senado el pasado mes de enero de una proposición de Ley del Suelo que busca derogar aspectos clave de la Ley de Vivienda de 2023, como el control de precios en zonas tensionadas», recuerda Llamazares.