«Es evidente que Alcoa no actuó de buena fe», asegura Fernández

El punto de partida es la reciente sentencia de la Audiencia Nacional y donde «queda claro que Alcoa no actuó de buena fe y los principales damnificados son los trabajadores y las administraciones, además de que afectó a las capacidades de producción», señaló Fernández.

De hecho, el primer paso de esta estrategia se dará el próximo viernes, 25 de junio, cuando se celebre una reunión entre los juristas de todas las partes: abogados del Estado, servicios jurídicos del Ayuntamiento, abogados de los sindicatos y juristas del Principado, señaló el consejero.

La reunión se celebrará mediante videoconferencia para facilitar la participación. El objetivo no es otro que estudiar los contenidos de la sentencia de la sala de Lo Social de la Audiencia Nacional. «Es un texto complejo», recordó Enrique Fernández. Además de que aún se encuentra pendiente de posibles recursos, hay muchos aspectos que generan dudas y para los que solicitará una aclaración de sentencia ante el alto tribunal. Esa reunión será clave porque permitirá conocer el marco que fija la sentencia y que deberán gestionar.

A partir de ahí, el objetivo es asegurar un futuro a la fábrica de Avilés. Fernández aseguró que el Ministerio de Industria ha recibido el interés de posibles compradores, aunque no detalló el número ni el grado de desarrollo de la propuesta.

Tan solo transmitió la idea de que «varios» compradores habían trasladado el interés por asumir la gestión de la planta. Dentro del plan de trabajo establecido ayer, pasaría por evaluar a los diferentes aspirantes para conocer la fiabilidad y seriedad de sus proyectos industriales y que impliquen mantenimiento del empleo y de la actividad.

Fernández se mostró prudente en la evolución del proceso. El consejero de Industria destacó la importancia de la reunión del jueves. «Necesitábamos encontrarnos y hablar entre nosotros. Coincidimos en los puntos más importantes», resumió.