La Fade plantea reducir el coeficiente de IAE en Avilés y bonificaciones para atraer empresas

El estudio comienza con un análisis de la renta bruta per cápita en 2022. Avilés cuenta con una renta per cápita de 17.586 euros. Siendo el tercer concejo en población, hay doce en los que los ciudadanos tienen una mayor renta. Uno de ellos es Castrillón (19.674 euros). Si bien ambos superan la media asturiana que se sitúa en 16.398 euros. Por encima de ese nivel está también Soto del Barco (17.274 euros) mientras que por debajo de la media regional aparecen Corvera (con 15.967 euros) y Pravia (con 15.177 euros).

A partir de ahí, se desglosan diferentes conceptos y la capacidad de la administración para intervenir en ellos de cara a mejorar su competitividad. Una primera idea es la de autonomía financiera, que refleja la capacidad de cada Ayuntamiento para atender a sus necesidades con sus propios recursos, sin transferencias de otras administraciones. A la hora de analizar este dato, hay que tener en cuenta que no todos los concejos se ven obligados a prestar los mismos servicios. La media regional es de un 60,8%. Avilés se encuentra por encima (61,2%), pero también Castrillón (62,3%) y Corvera de una manera mucho más holgada, ya que con un 71,9% es el cuarto Ayuntamiento de Asturias. Soto del Barco registra un 67,6% y Pravia un 58,2%, siendo el municipio de la comarca con un menor margen de maniobra.

El siguiente paso es el análisis de las diferentes figuras impositivas en los concejos, con datos «básicos» de 2024 y partiendo de la premisa de que «elevados niveles de presión fiscal generan efectos negativos sobre la recaudación por habitante al deteriorar el desarrollo económico y producir distorsiones en el ámbito de la igualdad recaudatoria y la equidad».

En una mirada general, se analiza la recaudación por habitante, con dos datos de referencia: la media española (474 euros) y la media asturiana (439 euros). Situarse por encima de ellas reflejaría una menor competitividad, lo que sucede con Corvera, que es el quinto municipio con 527 euros, según los datos elaborados por el IEE a partir de la información facilitada por el Ministerio de Hacienda.

El resto de concejos de la comarca se encuentra por debajo. Así tenemos a Castrillón con 410 euros, Avilés con 407 euros y Pravia con 321 euros. De esa manera, el IEE estudia la competitividad fiscal por municipios, comparando la carga fiscal de los diferentes concejos. El resultado es que Corvera es el concejo con peor competitividad fiscal.

Cangas del Narcea, con un índice del 56 sobre 100, es el municipio con menor presión fiscal de la región. Avilés presenta un índice de 75, Castrillón de 76 y Pravia del 83. Pero estos datos analizan la presión fiscal en general a toda la ciudadanía. Mirando la presión fiscal que afecta directamente a las empresas se plantea que el municipio con mejor competitividad también es Cangas del Narcea, siendo la media asturiana de 94. Avilés ofrece un índice de 65, siendo el mejor de las tres grandes ciudades del Principado. En la comarca sólo es superado por Pravia, con 76. Castrillón (60) y Corvera (53) tienen mejor dato.

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), al que tienen que hacer frente las empresas cuyo importe neto de negocio anual esté por encima del millón de euros, se destaca que la mayoría de los municipios se encuentran por encima del promedio de España, donde el coeficiente es de 1,3.

Sólo Pravia está por debajo con un coeficiente de uno. El promedio de Asturias (1,9) es superado por toda la demarcación: Avilés tiene un 3,1, Castrillón un 3,5 y Corvera, con un 3,8, figura con los municipios con el coeficiente más alto de IAE. De ahí que, desde el IEE se plantee la posibilidad de una reducción del coeficiente para ganar competitividad, además de incluir bonificaciones para las empresas que comienzan su actividad. Algunas de estas figuras ya existen, como en el caso de Avilés que se bonifica con un 50% el inicio de la actividad y también el aumento de plantillas.

En el análisis del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), el IEE lanza la propuesta de una bonificación del 95% para todos los inmuebles con actividad económica, una opción que no se contempla en ningún concejo; además de una bonificación del 90% para los bienes de características especiales para buscar un mayor atractivo. También se reclama una mayor dinamismo para aplicar las variaciones del valor del suelo, especialmente si baja.

A la hora de analizar los tipos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Urbanos, la media asturiana, con un tipo del 0,66% supera la nacional, con un promedio del 0,59%. En la comarca, sólo Castrillón se encuentra por debajo de ambos, con un 0,56%. El más alto de la región es el índice que aplica el Ayuntamiento de Corvera, con 0,92%, seguido de Pravia, con 0,85% y Avilés, con 0,68%. En cambio, Avilés es el segundo de Asturias con el IBI rústico más alto (0,96%), aunque Corvera se sitúa sólo a cuatro décimas. Pravia, con un 0,63%, se coloca entre los promedios de Asturias (0,66%) y España (0,62%), debajo del cual se encuentra Castrillón con un 0,56%.

El llamado IBI especial cuenta en Avilés con uno de los menores gravámenes de la región, con un 0,6%, por debajo del promedio de España (0,9%) y Asturias (1%). Por encima de este se encuentra Corvera, con 1,3% y Castrillón (1,1%). Pravia marca un 0,8%.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es de especial complejidad, pues cuenta con 24 tarifas diferentes en función del tipo de vehículo. De ahí que, para simplificarlo, el estudio se limite a los turismos de más de veinte caballos fiscales. El resultado es desolador, ya que, salvo Navia (157 euros), todos los municipios superan el promedio de España que es de 140 euros. El promedio de Asturias es de 165 euros y también es superado por los 25 concejos con más población, salvo el citado caso de Navia.

Respecto a la comarca, Avilés presenta el menor gravamen con 192 euros, seguido de Pravia, con 202; Castrillón con 211 euros y Corvera que, con 223 euros, presenta la tercera viñeta más cara de la región para este tipo de vehículos. Por esa razón el estudio plantea una reducción fiscal, además de implementar bonificaciones a los combustibles menos contaminantes.