«No podemos confiar mínimamente en su estructura administrativa», afirman

Así, citan el ejemplo de la petición de información que la empresa debería tener, como los documentos internos que establecen los procedimientos para las compras. A pesar de solicitarlos en diferentes momentos, y «deber existir en una empresa de esas características», en el momento de cerrar el documento no lo habían recibido. De ahí que abiertamente duden de la capacidad de gestión de una empresa de las características de Alu Ibérica.

Tampoco se les ha facilitado la documentación sobre las cuentas bancarias de la compañías, su presupuesto anual mensualizado o la previsión de los gastos e ingresos mes a mes. De esa manera, no pueden formarse una idea clara y real de la situación financiera de Alu Ibérica.

La presencia de los interventores en Alu Ibérica fue fijada por la jueza María Tardón el pasado 4 de mayo en un auto que establecía límites a la gestión y una serie de informes que debían presentar los directivos de Alu Ibérica. Hasta la fecha, nada de eso se ha cumplido.

Ni siquiera se han respetado las limitaciones a realizar contratos por encima de un valor de 20.000 euros que recoge el auto. Los administradores de Alu necesitaban el visto bueno de los interventores para cerrar esas operaciones, pero han seguido ejecutándolas como si nada hubiese cambiado en su sociedad.

A ello se une la falta de información. Así, cuando preguntaban por un contrato determinado, la respuesta era el nombre de la contratación, el presupuesto y el adjudicatario. Ninguna explicación más.

Pero es que, además, los interventores se encontraron en su trabajo de campo con lo que ellos definen como «contradicciones» por parte de los ejecutivos de Alu Ibérica. Uno de los casos más claros es lo sucedido con los vehículos de empresas. Solicitaron un listado y les enviaron uno asegurando que no había. Sin embargo, en la planta de La Coruña se encontraron dos turismos y, al preguntar, les respondieron que eran vehículos de empresa.